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Reforma Migratoria



obama-reforma-migratoriaSi hay un tema en el que la Administración Obama enfrenta un enorme desafío, ése es la política de inmigración.Obama cosechó en las elecciones presidenciales la mayoría del voto hispano (67%) y tiene una deuda pendiente con este electorado, que lo apoyó en las urnas.

La política de inmigración puede marcar nítidamente las diferencias con respecto a anteriores Administraciones, sin embargo, hasta la fecha, Obama ha incumplido sus promesas de reforma y sigue impulsando medidas contra los inmigrantes ilegales que forman parte de programas del gobierno anterior o los refuerzan.

Es cierto que algunos aspectos de su política en Afganistán han sido acertados, pero en el tema de la inmigración se hace tan necesaria una reforma profunda y urgente, que la política de Obama parece timorata y poco valiente.

Las numerosas medidas antiinmigrantes que ha aplicado la Administración Obama, le están restando el apoyo de varios grupos de inmigrantes y han movilizado a cientos de seguidores hispanos en una campaña nacional en contra de estas políticas, con protestas en Nueva York y Los Angeles a principios de este mes de agosto. Un malestar que contribuye a la baja de la popularidad del Presidente, por primera vez por debajo del 50%.

Entre las medidas criticadas por sectores hispanos están el nuevo reglamento de la Sección 287(g) y los cambios al sistema de verificación de empleo (E-Verify), la continuación de las redadas, las auditorías de documentos de trabajadores en empresas, la ampliación de un programa para verificar el estatus migratorio del trabajador, el reforzamiento del programa 287(g) de la ley de inmigracón (vigente en más de 32 Estados; aprobada por el Congreso en 1996 y reactivada por Bush en 2001), que será implementada en todo el país y que contempla la cooperación entre autoridades federales y policías locales, que pueden actuar como agentes de inmigración, y el rechazo de varias propuestas para regular las duras condiciones de los centros de detención de inmigrantes.

La política de Obama se acerca a algunas de las posturas de McCain en la campaña presidencial, que él mismo criticó entonces como “demasiado duras para las comunidades inmigrantes y latinas”.

Su posicionamiento actual pone distancia respecto de esos grupos que lo apoyaron en las urnas. Las contradicciones de Obama en este tema no son nuevas. Ahora defiende una reforma migratoria, que pretende sacar adelante en 2010, y legalizar a los inmigrantes ilegales, pero cuando era Senador por Illinois, Obama votó a favor de la Ley Sensenbrenner (también conocida como “Protección de Fronteras, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal), que criminalizaba a los indocumentados e iba más allá, ya que pedía institucionalizar las detenciones arbitrarias y las deportaciones masivas.

La política migratoria de Obama, en la que verdaderamente puede marcar distancias con la que mantuvo Bush, no está respondiendo a las expectativas. Al menos hasta ahora.

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Ya en 2006 una iniciativa conjunta McCain-Kennedy, fracasó en la reforma migratoria. Aquél plan dividía en tres grupos a los indocumentados e incluía fuertes medidas de seguridad en la Frontera Sur.

El primer grupo lo componían trabajadores sin papeles en regla, que tenían más de cinco años en el país. Ellos podían acceder a una residencia temporal de seis años y después a la residencia permanente.



El segundo grupo lo integraban ilegales que tenían más de dos años en el país, y aspiraban a calificar para un permiso temporal de trabajo hasta que cumplieran cinco años; después de ese período podrían recibir una residencia temporal.

En el tercer grupo estarían aquellos que llevaran viviendo dos años en Estados Unidos, para ellos no habría beneficios y tendrían que regresar a su país de origen.

Esta iniciativa bipartidista Republicano-Demócrata, hubiera beneficiado al menos a casi ocho millones de indocumentados, y era respaldada por el entonces presidente George W. Bush, pero fue rechazada por una parte del Partido Republicano.

Un año después, en 2007, McCain y Kennedy modificaron el plan, ya no segmentaban a los indocumentados en grupos, sino que buscaba un mismo trato para todos. Aún así, la reforma tampoco salió adelante.

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La reforma migratoria es una necesidad imperiosa desde hace mucho tiempo, y va a poner la medida del éxito o el fracaso de Obama entre el electorado inmigrante e hispano.

Las intenciones del Presidente son impulsar esa reforma pendiente para finales de este año y principios de 2010, según ha manifestado ante la prensa hispana recientemente. Los desafíos que se plantean son cómo gestionar y regularizar a los 12 millones de ilegales que hay en el país, y cómo regular la inmigración futura con suficientes garantías de seguridad, pero también con criterios de justicia humana.

La implicación tibia de Obama en este tema, a diferencia de Bush, que se implicó a fondo aunque se saldó con un fracaso, pone de manifiesto que los inmigrantes y los hispanos no son una priopridad para el Presidente. Y si lo son, deberá demostrarlo de una forma más activa.

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La reforma migratoria deberá ser complementada con la implementación real de una ley para combatir el crimen racial, que se debate en el Congreso. A finales de julio el Senado aprobó dentro de una partida presupuestaria de defensa la “Ley Matthew Shepard para la Prevención de Crímenes de Odio”, que pretende reducir los delitos cometidos en base a la raza, género, religión, nacionalidad u orientación sexual de las víctimas, y que amplía los poderes de las autoridades federales, locales y estatales para investigar y procesar a los acusados por esos delitos.

La Cámara de Representantes aprobó su propia versión el pasado mes de abril y sólo queda elaborar un texto definitivo, que sea aprobado por el Congreso.

La ley que se apruebe en su momento deberá impedir que se repitan los crímenes motivados por el odio racial, para evitar tragedias como las de 2008 contra los hispanos Robert Cantú, en Ohio, o Luis Ramírez, en Pensilvania. O los casos de ataques brutales con muerte de Marcelo Lucero en Long Island, Nueva York, o José Sucuzhañay y Wilter Sánchez.

Los beneficios de una reforma migratoria y un descenso de los crímenes raciales, repercutirá, como ha quedado reflejado en numerosos estudios, en mayores tasas de productividad del país, mayor seguridad en las fronteras y en las ciudades, y una integración más ordenada y justa de los millones de indocumentados en la sociedad estadounidense.

Los criterios futuros para una inmigración equilibrada pasan por potenciar la inmigración legal, los méritos, la cualificación de los posibles inmigrantes, el potencial de los mismos, y la seguridad en las fronteras y en el territorio interior.

Estados Unidos debe afrontar la reforma migratoria cuanto antes y hacerlo de forma bipartidista, si es posible. Más allá del enfrentamiento político esperan las vidas de millones de personas que creyeron en el Sueño Americano. Y aún esperan una respuesta.

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