Las elecciones presidenciales de Estados Unidos no han terminado aún y, por supuesto, todavía no hay un presidente elegido. Después de que Trump fuera ganando durante la noche electoral, se produjo el mayor fraude para aupar a Biden a la presidencia. Hay pruebas que lo demuestran y cada vez más. Es un hecho probado. Los medios y la prensa, salvo contadas y honrosas excepciones, no informarán de ello por una simple razón: participan de este golpe fraudulento para robar las elecciones al presidente legítimamente elegido, que ha sido Donald Trump.
¿Puede salir el fraude adelante? Desde luego tiene todos los apoyos necesario para ello, excepto porque hay millones de patriotas estadounidenses que claman por la verdad y la justicia, y porque Trump tiene una estrategia para garantizar que sólo se cuenten los votos legales, de los cuales él obtuvo la mayoría, casi 74 millones de votos legales. Ahí es nada. Eso sin tener en cuenta los 2.700.000 votos que le han robado mediante un fraude generalizado en los estados clave: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Nevada y Georgia.
Pero si hay alguien contra el que no puedes apostar, porque perderás, ese es Trump, que ha dispuesto una estrategia brillante para parar el fraude. Y otra estrategia adicional en reserva, que no es pública aún.
Los tribunales forman parte de la estrategia oficial, incluido el Tribunal Supremo. Es un camino certero y que garantiza la victoria al imponerse la legalidad y las normas constitucionales que velan por la limpieza del sistema democrático.
Un segundo plan pasa por la Cámara de Representantes. Echemos un vistazo a este magnífico plan, preparado con mimo desde hace meses, que se ciñe escrupulosamente al proceso constitucional y no deja lugar a dudas sobre su legalidad.
El 14 de diciembre, los electores certificados de cada estado emitirán sus votos para elegir al presidente y al vicepresidente. Votan en su estado de origen y su voto está sellado y no es contado hasta el 6 de enero. Los SL tienen la autoridad constitucional (en virtud del Artículo II, Sección 1, Cláusulas 3 y 3 del Código de EE. UU. § 2 y § 5) para nombrar su propia lista de Electores, que en este caso serían leales al presidente Trump, si consideran que en su estado el «voto popular está corrupto». Tal y como las pruebas y evidencias indican.
La 12ª Enmienda a la Constitución especifica que el 6 de enero “El Presidente del Senado, en presencia del Senado y la Cámara de Representantes, abrirá todos los certificados y luego se contarán los votos”. Eso significa que en el caso de disputas sobre listas electorales en competencia, el presidente del Senado, que es el vicepresidente Pence, tendría la máxima autoridad para decidir cuál aceptar y cuál rechazar. Esto está respaldado por el artículo 15 del Código de los Estados Unidos.
Por lo tanto, Trump ganaría y se impondría la legalidad y la legitimidad de lo que han decidido los votos legales. Este es un control de facto sobre el Colegio Electoral, del que pocos se dan cuenta porque ha sucedido pocas veces: en 1825, en 1837 y en 1876. Si bien, la elección contingente más famosa fue la que enfrentó a Thomas Jefferson con Aaron Burr en 1801.
Si en ese momento nadie llega a 270 votos electores, necesarios para ganar la presidencia, la 12ª Enmienda estipula que: “la Cámara de Representantes elegirá inmediatamente, por votación, al presidente. Pero al elegir al presidente, los votos serán tomados por estados, teniendo la representación de cada estado un voto”. Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de delegación estatal con 26 (probablemente 30 o más en el nuevo Congreso) de 50 estados. De nuevo, Trump ganaría.

El presidente Trump ha dispuesto esta estrategia para disputar las elecciones por medios constitucionales, primero a través de los tribunales y luego a través de la Cámara de Representantes. Es una estrategia acertada y adecuada.
En esta elección disputada de 2020, como en la elección de 1876, el Senado Republicano y la Cámara Demócrata estarían en desacuerdo sobre qué electores aceptar. A esto se le llama una «disputa». Conforme a la Constitución, no existe un mecanismo para resolver una disputa en la que las dos cámaras del Congreso no pueden ponerse de acuerdo sobre un conjunto certificado de electores, y no existe un papel constitucional para los tribunales, incluido el Tribunal Supremo. De manera que el camino es, primero, los tribunales, y después la Cámara de Representantes y el Senado. Bajo la 12ª enmienda, la Cámara de Representantes reelegirá inmediatamente en este escenario al presidente Trump para un segundo mandato porque el Partido Republicano controla la mayoría de la Delegación de la Cámara. Es lo que se denomina una “elección contingente”. Es perfectamente constitucional y legal y garantiza la integridad del proceso electoral y también la reelección de Donald Trump por otros 4 años.
La constitución de los Estados Unidos brindaría así al presidente Trump la opción de salvar su victoria histórica. Esta vía de la Cámara de Representantes está abierta, con la garantía de que habrá más delegaciones estatales con una mayoría de delegados republicanos, en el caso de que el Tribunal Supremo no resuelva antes la legalidad de los votos que han de contarse.
La elección contingente requiere una mayoría de votos electorales emitidos, no posibles votos electorales, para ganar el Colegio Electoral. Si un estado no puede certificar a sus electores antes de la fecha límite, los electores de ese estado se eliminan del total. El número de votos electorales necesarios para ganar no se convierte en 270 sino en un número menor: una mayoría del total de electores certificados para el Colegio Electoral. Las legislaturas estatales tienen control sobre sus electores. En un caso del Tribunal Supremo de la última legislatura (Chiafalo v. Washington), el tribunal decidió por unanimidad que los estados podrían eliminar o incluso imponer multas a los «electores infieles» que no votan de acuerdo con la forma en que se comprometieron a votar. No todos los estados tienen leyes de «electores infieles», pero esas leyes limitarían a los electores que quisieran abstenerse o no votar por la persona que ganó las elecciones presidenciales en el estado. En otros casos, los electores están limitados por la lealtad del partido o la presión de los compañeros, por lo que los casos de electores sin fe, incluso de estados que no tienen leyes de electores infieles, son muy raros.
Si ocurre una elección contingente, los miembros de la Cámara están obligados a elegir sólo entre los tres primeros clasificados en la votación del Colegio Electoral. Ningún otro candidato, además de Trump o Biden, ha ganado hasta ahora un voto electoral este año. Según la 12ª enmienda, la Cámara decide la presidencia y el Senado elige un vicepresidente.
De modo que lo único que sabemos con certeza ahora, y los medios harían bien en explicarlo en vez de desinformar y engañar a los ciudadanos, es que estas elecciones finalizarán a las 12 p.m. del 20 de enero de 2021, cuando el próximo presidente y vicepresidente juren en el cargo en la rotonda del Capitolio. Si el proceso electoral se altera y eso no sucede, el presidente de la Cámara de Representantes actuaría como presidente hasta que el Congreso certifique al ganador de las elecciones presidenciales de 2020.
Por una vía u otra, Trump tiene opciones para hacer cumplir la legalidad constitucional y jurar como presidente reelecto.