El debate sobre las Extreme Risk Protection Order laws (ERPO), o leyes de Orden de Protección contra Riesgos Extremos («Gun Violence Restraining Orders» (GVROs), popularmente conocidas como Red Flag Laws (leyes de Bandera Roja), se ha abierto tras los tiroteos masivos en Dayton, Ohio, y El Paso, Texas.
Estas leyes otorgan a los familiares, las fuerzas del orden y, en algunos casos, a otras personas, la capacidad de solicitar a un juez que retire temporalmente las armas de fuego de personas que se cree que representan un peligro para ellos mismos u otros. En la práctica son la herramienta legal que se utiliza para extremar la vigilancia sobre los antecedentes de quienes compran armas. La premisa es clara: suponiendo que no se tiene nada que ocultar en una verificación de antecedentes, ¿por qué alguien se opondría a estas leyes asumiendo que pueden evitar que los delincuentes y los enfermos mentales posean armas?
En teoría parece simple y fácil, pero no lo es. Los defensores de la Segunda Enmienda están divididos entre quienes están en contra de las leyes de Bandera Roja y quienes las apoyan.
Trump ha entrado en este debate al posicionarse, de entrada, a favor de aumentar las leyes que permitan una mejor verificación de antecedentes. Lo ha declarado de forma muy clara:
“Las armas no deben colocarse en manos de personas con enfermedades mentales o desquiciadas. Estoy buscando hacer verificaciones de antecedentes. Creo que las verificaciones de antecedentes son importantes ”. «No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o con ira u odio … Estoy totalmente a favor de las leyes de Bandera Roja. Todos debemos trabajar juntos por el bien y la seguridad de nuestro país. ¡Se pueden hacer cosas de sentido común que sean buenas para todos!»
Al posicionarse así, el presidente no sólo tiene en cuenta sus creencias sobre el tema, sino esa estadística que señala que el 64% de los votantes apoya algún tipo de control de las armas o de verificación de antecedentes, en una amplia escala. Es el nivel más alto jamás registrado. Además, está en la corriente principal de opinión del país. De acuerdo a otra reciente encuesta de la cadena de televisión Fox News, tras los recientes tiroteos, la mayoría de los republicanos (75%) y de los demócratas (88%) favorecen las leyes de Bandera Roja, al igual que los votantes en hogares armados (77%). Las verificaciones de antecedentes universales son favorecidas por 9 de cada 10 demócratas (92 %), y por el 89% entre los hogares republicanos con armas de fuego (93%).
Algo que, políticamente, no se puede ignorar. Como tampoco puede ignorar que una parte importante de su base conservadora está en contra de las leyes de Bandera Roja y disienten de su postura en este tema. No se puede obviar tampoco que el 93% de los tiroteos masivos se producen en las denominadas zonas libres de armas, por lo que regular estos espacios con la presencia de agentes y veteranos armados que pudieran hacer frente a los tarados, es una prioridad en cualquier ley que se plantee.
El presidente Trump quiere impulsar este tema con valentía política para tratar de detener de una vez por todas los tiroteos masivos, que han ido en aumento en los últimos cincuenta años, coincidiendo con una pérdida general de valores en la sociedad, el auge de los videojuegos violentos, una determinada cultura pop que infravalora la vida humana, el aumento de los problemas mentales y una desintegración de parte de la sociedad y de las familias. Trump quiere un acuerdo bipartidista sobre este asunto y ya trabaja con el Congreso para sacar adelante una verificación de antecedentes más efectiva que impida los tiroteos masivos.
Para ello, parece dispuesto a enfrentarse a los medios de comunicación, a su propio partido y una parte de su propia base para hacer lo correcto. Por supuesto, está por ver que el proyecto de ley que llegue a su escritorio para su firma, sea de la conformidad del presidente.
Con un Congreso y unos medios empeñados en sacar tajada política de los tiroteos, más que en solucionarlos realmente, hay grandes dudas de que se puedan implementar unas leyes de Bandera Roja realmente efectivas y que respeten el debido proceso legal y la Segunda Enmienda de la Constitución.
De momento, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha afirmado que el Senado discutirá medidas destinadas a abordar la violencia armada cuando se reúna en septiembre, incluyendo: Leyes de Bandera Roja; ampliación de las verificaciones de antecedentes; y abordar las armas de asalto.
En el centro del debate está el respeto al debido proceso, algo en lo que coincide el presidente, sus bases, el líder del Senado, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle y otros líderes del Partido Republicano y expertos constitucionalistas.
Se trata de debatir a fondo entre el Congreso y la Casa Blanca las leyes que se podrían aprobar, con respeto al debido proceso legal y los parámetros que habrán de seguirse. Una ley a nivel nacional, en vez de las 17 leyes de Bandera Roja que hay actualmente en 17 estados, incluidos California, Nueva York, Illinois y Florida, entre otros. Connecticut fue el primero en aprobar esta medida en 1999, aunque la mayoría de las leyes de Bandera Roja entraron en vigencia durante la última década.

Como el presidente Trump, creo firmemente en la Segunda Enmienda que garantiza el derecho a poseer y llevar armas; creo en la posesión legal de armas; creo en el derecho a ocultar y llevar armas; creo en el derecho a defender el hogar propio y la propiedad privada; y también creo en el derecho de los inocentes a no ser disparados y asesinados por psicópatas, dementes, tarados y sinvergüenzas. Si hay medios para saber que una persona es peligrosa para los demás, debido a su expediente mental e inclinaciones homicidas, se debe actuar legalmente. Coincido con el presidente Trump en que para tener un arma se debe ser un adulto responsable, y si no lo es, no debe tenerla y la ley debe impedirlo.
Por supuesto, no es tan sencillo. Las leyes que se aprueben podrían ser utilizadas por futuras Administraciones y presidentes que no sean respetuosos con la Segunda Enmienda como Donald Trump, para incautar armas a cualquier ciudadano. Y ese es el riego al que apelan muchos votantes para posicionarse en contra de las leyes de Bandera Roja. Conceder un nuevo poder al gobierno mediante una ley nacional podría dar lugar a abusos cuando Trump ya no esté en la Casa Blanca y ser utilizadas como una herramienta política contra las que personas respetuosas y capaces se ven obligadas a defenderse de falsas acusaciones. De ahí que el debate se mantenga abierto en las filas conservadoras.
Sea como sea, Trump es el primer presidente que decide hacer algo realmente efectivo para detener los tiroteos masivos. Hace falta que el contenido y alcance de la ley sea lo suficientemente completa para respetar el debido proceso legal y que se pueda articular para evitar los tiroteos con una verificación de antecedentes eficaz.
Mantener los derechos constitucionales de los estadounidenses y al mismo tiempo poder evitar que los trastornados se hagan con armas, es el difícil equilibrio al que se enfrenta el presidente Trump. Y lo está haciendo con enorme valentía política y determinación.
Para completar esta ofensiva anti tiroteos, el presidente ha ordenado al Departamento de Justicia que trabaje en asociación con agencias locales, estatales y federales, así como con compañías de redes sociales, para desarrollar herramientas que puedan detectar tiradores masivos antes de que ataquen.
Si hay alguien que puede conseguir acabar con los tiroteos masivos y respetar al mismo tiempo la Segunda Enmienda, ése es Donald Trump. Y lo quiere hacer desde el sentido común y para el bien de todos.
La pregunta a la que se enfrenta es, ¿cuánto control es el punto óptimo entre los derechos y la seguridad? La habilidad, por supuesto, es encontrar ese equilibrio que proteja vidas estadounidenses inocentes al tiempo que protege la Segunda Enmienda. Y en eso estamos.