Por si faltaba algún elemento sorpresa en esta campaña electoral, acaba de surgir otro que puede ser determinante. El fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg a los 87 años de edad, deja libre una plaza en el Tribunal Supremo. Nominar jueces es una de las tareas fundamentales y más importantes que puede tener el presidente de Estados Unidos, tal y como establece el artículo 2 de la Constitución, ya que afecta a la vida de las personas durante décadas y a la aplicación correcta de la Constitución. Ahora, Donald Trump tendrá oportunidad de designar a un tercer candidato para el más alto tribunal federal del país en su primer período presidencial, después de nombrar a Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch.
Los demócratas ya están como locas en rebajas el viernes negro para frenar la designación. Lo cierto es que a Trump le corresponde la nominación y tiene tiempo de hacerla antes de las elecciones. El presidente ya aseguró el pasado sábado, durante el rally celebrado en Fayetteville, North Carolina, que la hará esta semana y la nominada será una mujer. En su lista original de candidatos al Tribunal Supremo hay nombres de prestigio y sólida reputación. Jueces que saben aplicar la Constitución en su concepción original. Algunas de las candidatas son Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa, Bridge Bade, Alison Eid, Britt Grant, Joan Larsen, Martha Pacold, Sarah Pitlyk, Allison Jones Rushing, Margaret Ryan, Diane Sykes y Kate Todd.
El presidente se ha movido rápido para avisar a los republicanos del Senado que tienen la obligación de confirmar a su nominado y ocupar sin demora el asiento libre dejado en el Tribunal Supremo. Una decisión que apoyamos la mayoría de sus votantes.
Trump abre así un proceso que podría dominar las semanas restantes de la elección presidencial, algo que es decisivo en el ciclo de noticias.
Esta batalla por el Tribunal Supremo es determinante de cara a las próximas décadas, dado que el movimiento conservador nos haríamos con el control del Tribunal, algo esencial para decidir sobre temas como el aborto, las armas, la bandera, la educación, etc. También podría ser importante si los demócratas deciden aplicar su planeado golpe de estado para no reconocer la victoria de Trump en las elecciones de noviembre. Un recuento de votos indefinido podría terminar en el Tribunal Supremo, como sucedió en el año 2000 al resolver disputas sobre las papeletas de voto y fallar a favor de George W. Bush. El fallo clave en Bush v. Gore sostuvo que el uso de diferentes estándares por parte de Florida para contar los votos en diferentes condados era inconstitucional, por un voto de 7-2. Y, por una votación de 5-4, el Tribunal también dijo que no había tiempo para arreglar el proceso antes de que el Colegio Electoral se reuniera para certificar la elección. El resultado fue que George W. Bush ganó los 25 votos electorales de Florida, lo que le dio 271 frente a los 266 de Al Gore.
Dado que los demócratas planean no aceptar los resultados de noviembre y la victoria de Trump, existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo también tenga que emitir fallos en esta carrera presidencial. Razón de más para el Tribunal tenga todas sus plazas completas de nueve jueces en noviembre.
Si Trump logra la confirmación del Senado para su nominada, lograría una victoria histórica al poner un sexto juez conservador y preservar así la Constitución de los ataques continuos de los demócratas.
La extrema izquierda ya ha amenazado con más violencia en las calles ante la perspectiva de perder influencia en el Tribunal Supremo. Nada nuevo bajo el sol. Eso no detendrá al presidente Trump, que debe meter en cintura a los republicanos del Senado para que cumplan con su trabajo y obligación, que es la de aprobar al candidato que proponga el presidente.
Trump y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, tienen precedentes a su favor en el sentido de que la historia está salpicada de nominaciones y confirmaciones de tribunales superiores en año electoral cuando la Casa Blanca y el Senado están controlados por el mismo partido. Los presidentes demócratas Roosevelt y Wilson lo hicieron; Wilson tuvo dos nominaciones confirmadas en 1916 cuando buscaba la reelección.
Los plazos de tiempo también están a favor del presidente y son más que razonables para nominar un candidato. Por ejemplo, el tiempo transcurrido entre la nominación de la juez Sandra Day O’Connor y su confirmación en el Senado fue de 33 días (19 de agosto al 21 de septiembre de 1981). Para el juez John Paul Stevens, el proceso formal llevó sólo 19 días (del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 1975). Quedan 44 días hasta la elección. Tiempo de sobra.
En la historia moderna, la mayoría de los nominados al Tribunal Supremo han requerido de 40 a 45 días desde que el presidente envía su nombre al Senado hasta que reciben una audiencia de confirmación.
El calendario en realidad debería ser una razón para avanzar, no una excusa para retrasar. Llegado el caso de un empate 4-4 en una disputa electoral crearía una crisis constitucional y debe prevenirse ahora. Una mayoría conservadora la evitaría y daría garantías frente a los intentos de fraude de los demócratas.
Debemos tener en cuenta que si el resultado de la elección dependiera de una decisión judicial, lo cual es posible dadas las maquinaciones demócratas en la votación por correo, un voto empatado en el Tribunal Supremo podría dejar a Estados Unidos sin un presidente y sin forma de resolver el problema. Por eso, entre otras poderosas razones, es el momento de asegurar un nuevo juez conservador en el Tribunal.
La violencia en las calles no es motivo para echarse atrás. De hecho, la violencia por motivos políticos ya se está extendiendo de la mano de los terroristas urbanos de Antifa y BLM, amparados por el Partido Demócrata y los medios de comunicación, así que imaginen lo que podría suceder si las elecciones permanecen indecisas o alargadas de forma artificial por trucos de dilación. Llegados a ese punto, la historia de transferencia pacífica del poder en Estados Unidos podría estar en peligro y, con ella, la democracia misma. Como dijo Reagan: “La libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo, o un día pasaremos nuestros años de retiro contándoles a nuestros hijos que alguna vez en los Estados Unidos los hombres eran libres”.

Este es el momento de inflexión clave para defender la libertad y defender a la nominada de Trump al Tribunal Supremo.
Si esto les parece exagerado, consideren algunas de las decisiones sospechosas que ya se están tomando en varios estados y que debilitan deliberadamente la seguridad de los votos recibidos por correo. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Pennsylvania votó la semana pasada que los buzones de correo del condado, incluidos los desatendidos, podrían usarse para recoger votos. El Gobernador Tom Wolf, un demócrata, y su partido apoyaron la medida, que llegó a los tribunales mediante juicios, evitando así el control republicano de ambas cámaras legislativas.
La decisión abre la puerta a un posible fraude en un estado clave porque las papeletas en buzones no seguros podrían ser manipulados o robados. Esto es evidente. Este fallo no trata de garantizar elecciones justas, sino que trata de permitir que un partido robe estas elecciones.
El Gobernador demócrata de New Jersey. Phil Murphy, también tomó algunas decisiones “curiosas”. Una orden de Murphy «requiere» que todos los condados envíen una papeleta a «todos los votantes registrados activos». Eso aumenta las posibilidades de que se roben miles de papeletas sin marcar de la oficina de correos o los porches de las casas, prácticas que no son desconocidas precisamente en New Jersey. El fraude se vuelve aún más fácil con las nuevas reglas impuestas. Los votantes de New Jersey pueden enviar sus papeletas por correo, entregarlas personalmente en los lugares de votación antes del 3 de noviembre o colocarlas en esos buzones vulnerables dispersos por cada condado. En lo que parece una invitación a la manipulación, el folleto también promete que si una papeleta es rechazada debido a una «firma que falta o discrepante», se contactará al votante y se le ofrecerá la oportunidad de «reparar el defecto» según las reglas «establecidas».
Lo cierto es que la mayoría de los sistemas estatales no están diseñados para manejar votaciones masivas por correo, razón por la cual las decisiones de crear reglas nuevas y más indulgentes sobre la marcha son tan preocupantes, sobre todo en los estados gobernados por demócratas, que tienden a la manipulación para asegurarse la victoria.
Estas triquiñuelas sucias, trucos y fraudes de los demócratas se extienden por doquier. Los propios demócratas reconocen que los votos por correo son una mira de oro para aquellos que quieren hacer trampa. Contra todo esto también debe luchar Trump.
El argumento de que todo voto debe contar es válido sólo en la medida en que se haya verificado la identidad de cada votante. Esto es especialmente importante en los estados y condados que permiten a los no ciudadanos, incluidos los inmigrantes ilegales, votar en las elecciones locales. Debido a que seguramente surgirán disputas sobre cómo y qué votos se cuentan en noviembre, Donald Trump y Joe Biden ya tienen preparados legiones de abogados listos para luchar en los estados indecisos.
Las disputas que se prevén hacen casi seguro que algunos casos lleguen a los tribunales federales y uno o más probablemente lleguen al Tribunal Supremo. La perspectiva de un Tribunal Supremo estancado en las elecciones presenta un peligro inaceptable para la nación. Por eso Trump debe asegurarse que su juez nominada sea aprobada por el Senado cuanto antes. Las elecciones deben considerarse justas y definitivas para que los estadounidenses mantengan la fe en el proceso democrático y en las instituciones gubernamentales, ya duramente atacadas y erosionadas por los demócratas.
La lucha por sentar a un nuevo juez en el Tribunal Supremo la lidera Trump. La confirmación de su nominada va a depender del tiempo y los números. Es una de las grandes batallas electorales que nos quedan antes del 3 de noviembre. Todo está en el aire, desde el momento de la audiencia de confirmación hasta la votación nominal en sí y si contará con los votos suficientes para salir adelante. Una cosa es segura: el presidente Trump va a librar la batalla como todas, a pecho descubierto y con valor.
Tener una vacante en el Tribunal Supremo tan cerca de las elecciones es algo extraordinario. Y Trump está dispuesto a aprovecharlo para garantizar con un golpe de mano la Constitución de los Estados Unidos frente a los buitres demócratas que tratan de destrozarla y manipularla a su antojo. Trump puede ser una vez más el salvador de la Constitución y de este país.