La noticia jurídica de las últimas semanas nos ha llegado de la mano de una juez nombrada por Donald Trump. Ha sido la juez federal Kathryn Kimball Mizelle la que ha liberado a los estadounidenses del mandato inconstitucional de las mascarillas impuesto por la Administración Biden y los demócratas.
Kathryn Kimball Mizelle dictaminó que los Centros para el Control y la Protección de Enfermedades (CDC) se habían excedido en su autoridad al obligar a los pasajeros de las aerolíneas a usar mascarillas y que su uso es ilegal. Debido a que el CDC actuó más allá de su autoridad: “el tribunal debe declarar ilegal y dejar de lado el mandato de mascarillas como una acción de la agencia que no está de acuerdo con la ley”, escribió la juez en su acertada decisión de 59 páginas, y que es de aplicación a todos los aeropuertos, estaciones de tren y otros centros de transporte.
“El CDC emitió el mandato en febrero de 2021, casi dos semanas después de que Biden solicitara un mandato, 11 meses después de que el presidente declarara el covid-19 como una emergencia nacional y casi 13 meses desde que el secretario de salud y servicios humanos declaró una emergencia de salud pública”, señaló en el documento. “Esta historia sugiere que el CDC en sí mismo no encontró el paso del tiempo particularmente grave”.
La reacción de los ciudadanos ha sido de alegría y entusiasmo. Los numerosos vídeos disponibles muestran a la gente celebrando y vitoreando esta decisión judicial mientras se deshacían de sus mascarillas. Muchos trabajadores de las aerolíneas, los ferrocarriles, autobuses, etc, se han sentido liberados de tener que vigilar a los pasajeros.
Si el gobierno decide que puede tener el discurso del Estado de la Unión sin mascarillas y los políticos se reúnen sin ella, entonces ciertamente deberíamos poder permitir que las personas tengan esa opción en un avión, en un tren, un autobús o donde sea. Por fin, este capítulo de tiranía y de una larga pesadilla ha terminado. Pero no es algo que debamos olvidar porque son muchos los dirigentes demócratas socialistas que pretender seguir utilizando el tema de las mascarillas como una herramienta más de control y sumisión de la población, más allá de lo que aconseja la ciencia. Así pues, debemos permanecer vigilantes en este tema y no tolerar este tipo de mandatos.
Es bueno que la gente conozca la verdad y no crea en la falsa narrativa de los medios de comunicación aliados de los demócratas. Biden no acordó levantar el mandato. Se vio obligado a levantar el mandato por orden judicial.
En las elecciones midterm que se aproximan y en la presidenciales de 2024, los votantes harían bien en recordar que fue un juez federal designado por el presidente Trump quien liberó a esta nación de la pesadilla de las mascarillas de Joe Biden y del resto de demócratas socialistas.
La conclusión es tan reveladora que no es preciso mucho más análisis para llegar a esta conclusión: nombrar jueces conservadores es importante. Debemos estar agradecidos con la política de Trump de nombrar jueces constitucionalistas para el poder judicial federal, que ha hecho posible esta gran victoria. En cuatro años, Trump nombró a 226 jueces federales con mandato vitalicio, incluidos los tres jueces asociados del Tribunal Supremo, 54 jueces de los tribunales de apelaciones, 174 jueces de tribunales de distrito y tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos. También nombró 10 jueces para el Tribunal de Reclamos Federales, siete para el Tribunal Fiscal, seis para el Tribunal de Apelaciones de Reclamos de Veteranos, dos para el Tribunal de Apelaciones para las Fuerzas Armadas, y uno para la Revisión de la Comisión Militar del Tribunal de los Estados Unidos. Asimismo, designó a Susan G. Braden, Margaret M. Sweeney y Eleni M. Roumel como jueces principales del Tribunal de Reclamaciones Federales.
Eso significa que estarán presentes durante décadas para pronunciarse sobre una variedad de temas que afectan directamente a los ciudadanos. Ellos son la garantía última para no ser arrollados por las políticas de izquierda totalitarias y absurdas de los demócratas.
La conciencia de los jueces importa, si evitan meterla debajo de la alfombra en asuntos más controvertidos y se ven libres de amenazas y coacciones. Muchas de las decisiones judiciales saldrán a favor de Trump si toman estas decisiones usando su conciencia y sus valores, lejos del tráfico de influencias y presiones partidistas.
Sabíamos que la huella de Trump se alargaría en el tiempo gracias a sus nombramientos de jueces constitucionalistas, que fue sin duda uno de sus grandes aciertos como presidente. En cada decisión tomada por ellos conforme a lo que señalan la Constitución y las leyes, nos demuestran que los jueces de Trump importan aun cuando algunas veces se equivoquen o tomen decisiones bajo presiones externas, como fue el caso del fraude electoral de 2020. Un asunto crucial sobre el que aún no se ha dicho la última palabra, a la vista de las nuevas y reveladoras pruebas y evidencias que están saliendo a la luz.
Trump nominó a más jueces federales en su primer mandato que cualquier presidente en 40 años. La importancia de esto será determinante en futuras batallas judiciales. Por ejemplo, sabemos que los padres son la primera línea de defensa para proteger a los niños, y los jueces, especialmente los jueces del Tribunal Supremo, son la última línea de defensa para proteger a los niños de los criminales que poseen, recolectan, distribuyen y fabrican pornografía infantil, y de los pederastas. Que Biden haya metido a la juez Ketanji Brown Jackson en el Tribunal Supremo, que ha sido muy indulgente con los pederastas que han abusado de bebés y niños, es uno de los mayores daños de Biden a este país. Y deberá ser combatida con firmeza. Por suerte, contamos con los tres sólidos jueces constitucionalistas nombrados por Trump para el más alto tribunal: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, así como con Clarence Thomas, uno de los grandes referentes conservadores.

Tal y como dice Trump a menudo, la izquierda se ha vuelto tan extremista que ahora tenemos una juez en el Tribunal Supremo que testificó bajo juramento que no puede decir qué es una mujer. Si ni siquiera puede decir qué es una mujer, ¿cómo diablos se puede confiar en ella para decir qué es la Constitución?
Frente al despropósito de muchos de los jueces nominados por Clinton, Obama y Biden, la influencia positiva de los jueces nombrados por Trump también podría ser determinante en las esperadas decisiones judiciales que podrían debilitar o anular Roe v. Wade, la lamentable decisión de 1973 que amparó jurídicamente el aborto en todo el país. De entrada, ya están siendo decisivos para ampliar la cultura de la vida al amparar las leyes estatales que restringen el aborto más allá de las seis o quince semanas en numerosos estados.
En el tema inmigratorio, el juez Matthew Kacsmaryk invalidó la política de Biden y ahora ante una demanda presentada por 21 estados liderados por los republicanos, el juez federal de distrito Robert Summerhays de Louisiana, también designado por Trump, ha bloqueado de forma temporal el intento de Biden de poner fin al Título 42, lo que abriría las fronteras a una inmigración aún más masiva. Es evidente que ante las políticas socialistas radicales del régimen de Biden / Harris, Estados Unidos depende ahora de jueces con el coraje para hacer lo correcto. En este caso concreto, es una gran victoria para la seguridad fronteriza, pero la lucha continúa.
Respecto a la libertad de expresión, también los jueces de Trump están dando la batalla y victorias importantes. Los jueces Kevin Newsom, Stanley Marcus y Richard Story, del tribunal federal de apelaciones del Undécimo Circuito, señalaron que las políticas antisesgo de la Universidad de Florida Central castigaban una amplia gama de expresiones verbales y electrónicas sobre temas que iban desde «raza» y «religión» hasta «afiliación política» y «sexo», y anularon por unanimidad la política de acoso discriminatorio de la universidad y otras políticas contra los prejuicios por ser «casi con seguridad inconstitucionalmente demasiado amplias».
“La política de acoso discriminatorio enfría objetivamente el discurso porque su operación haría que un estudiante razonable temiera expresar creencias potencialmente impopulares”, escribió el juez Newsom en la opinión. El juez Marcus escribió en su opinión concurrente que: “una sociedad corre el riesgo de caer en el abismo de la ignorancia” cuando sacrifica la búsqueda de la verdad por otros intereses.
Por otra parte, hay una demanda en curso que tiene como objetivo prohibir todas las máquinas de votación electrónica que fueron usadas en el fraude electoral de los demócratas en 2020. Una solicitud judicial preliminar presentada por la candidata a gobernadora de Arizona Kari Lake y el representante estatal Mark Finchem busca eliminará las máquinas de una vez por todas. Está en estudio bajo el estatuto [42 U.S. Code § 1983].
En su momento, los jueces no querían mirar la evidencia existente y prefirieron dar por válido el fraude. Tuvieron miedo por diferentes razones, entre ellas porque la Constitución no aborda explícitamente qué hacer en caso de fraude una vez se ha producido la certificación del Congreso. No querían ser los primeros en dar un paso al frente, que atacaran a sus familias, a ellos mismos o ser víctimas de campañas negativas de los medios. Pero ahora, las cosas están cambiando y van a cambiar más. Muchos jueces se están levantando y rebelando contra la podredumbre y la corrupción de los demócratas.
En suma, los jueces constitucionalistas de Trump importan y necesitamos apoyar su independencia y permitir que trabajen en libertad. Hay un total de 816 jueces federales activos que incluyen el Tribunal Supremo, los 13 tribunales de apelación y los 91 tribunales de distrito regidos por el Artículo III de la Constitución. Pues bien, durante su mandato, Trump nombró al 28% de esos jueces debido a vacantes pasadas y continuas, al 33% de los jueces del Tribunal Supremo, al 27% de los jueces activos de tribunales de distrito y al 30% de los jueces de apelación de todo Estados Unidos que servirán de por vida. Es su mayor legado. Su impacto en el poder judicial federal será perdurable en el tiempo.
Una mirada al historial de nombramientos de Trump nos revela un compromiso firme con la Constitución y con un poder judicial activamente conservador. La importancia de todo esto se incrementa si observamos la edad promedio de sus jueces de apelación, que era de 47 años (cinco años más joven que los seleccionados por Barack Obama). Seis de ellos tenían 30 años y 20 tenían menos de 45. Por el contrario, de los 55 jueces de apelación elegidos por Obama, ninguno tenía 30 años y sólo seis tenían menos de 45. Gracias a Dios la influencia judicial del demócrata socialista se perderá mucho antes que la de Trump.
Los nombramientos judiciales que hizo Trump darán forma a la jurisprudencia estadounidense en las próximas décadas. El tema de la edad es importante porque significa que los jueces nombrados por Trump cumplirán en sus cargos de forma aproximada 270 años más que los jueces de Obama, y decidirán miles de casos más. Además, el mandato promedio de un juez del Tribunal Supremo ha aumentado de 15 años a principios de la década de 1970 a 27 años en épocas más recientes, debido en gran parte a la edad más joven de los jueces en la fecha de su nombramiento, de acuerdo a los datos del Centro Judicial Federal.
Cabe señalar que los tres jueces que Trump nombró para el Tribual Supremo, tenían 48, 49 y 53 años cuando se incorporaron, lo que garantiza décadas de sana influencia conservadora en sus decisiones.
Por el contrario, Biden está centrado en seguir una política de nombramientos judiciales claramente racista y discriminatoria: el 67% de sus nominaciones han sido de jueces negros con tendencia claramente socialista. Lleva hasta ahora 59 jueces nominados. Una desgracia para Estados Unidos que sólo otro mandato de Donald Trump durante cuatro años más podrá corregir para seguir ampliando una influencia conservadora y constitucional en las leyes.
Por ahora, son los jueces de Trump quienes están salvando