Más allá de los titulares de los medios y la prensa para atacar al presidente Trump con el tema de los aranceles y la decisión del Tribunal Supremo, encontramos suficientes elementos para el optimismo. El bloqueo judicial de 6-3 a los poderes ejecutivos de emergencia (IEEPA) de la ley de 1977 para imponer aranceles globales, no impide en absoluto al presidente Trump seguir imponiendo aranceles para combatir el comercio injusto o usado como una herramienta de política económica y comercial. Los intereses globalistas celebran el fallo de algunos miembros del Tribunal Supremo, pero es más interesante fijarnos en las opiniones de los tres jueces que han disentido porque sus argumentos son de excepcional relevancia.
Trump está siguiendo el camino que han dejado marcado los jueces Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito, que no permitirán que una mayoría influida por otros intereses extranjeros limiten el poder comercial del presidente, que tiene otras vías para seguir imponiendo aranceles de forma legal. Como se puede leer en la disidencia principal de los tres jueces: «Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política sabia. Pero como cuestión de texto, historia y precedente, son claramente legales». “Los aranceles han sido una herramienta tradicional y común para que los presidentes regulen las importaciones, al igual que las cuotas y los embargos. El texto advierte que la decisión crea una incertidumbre masiva: potenciales billones en acuerdos comerciales interrumpidos y miles de millones en posibles reembolsos. «El texto estatutario, la historia y el precedente demuestran que la respuesta es claramente sí».
Otros puntos destacados del documento son estos: «Ni el texto estatutario ni la Constitución proporcionan una base para fallar en contra del presidente». «El Congreso autorizó al presidente a ‘regular . . . importación’. A lo largo de la historia estadounidense, la autoridad para ‘regular importación’ se ha entendido que incluye la autoridad para imponer derechos sobre las importaciones». «El significado de esa frase estaba fuera de toda duda para cuando el Congreso promulgó este estatuto, poco después de que los aranceles altamente publicitados del presidente Nixon sobre importaciones fueran mantenidos basados en un lenguaje idéntico». «El estatuto en el que se basó el presidente por lo tanto lo autorizó a imponer los aranceles sobre importaciones en cuestión en estos casos». «Dado que la Constitución asigna al Congreso muchos poderes que no implican la doctrina de no delegación, el Congreso puede delegar el ejercicio de muchos poderes al presidente». «El Congreso lo ha hecho repetidamente desde la fundación, con la bendición de este Tribunal».
Además, los tres jueces denuncian alto y claro el exceso de poder judicial en que ha incurrido la mayoría del tribunal en este caso.
Siguiendo la legalidad establecida, el presidente Trump declaró que, con efecto inmediato, todos los aranceles de Seguridad Nacional, Sección 232 y los aranceles existentes de la Sección 301, permanecen en vigor. Para rematar la faena, ha firmado una orden ejecutiva para imponer otro arancel global del 15%, bajo la Sección 122, además de los aranceles que ya se están cobrando. Este arancel es una recalibración estratégica muy bien pensada y que se adapta al nuevo entorno. En realidad, el fallo del Tribunal Supremo sobre la sección IEEPA no debilitó la política comercial de Trump, simplemente obligó a realizar un giro hacia un estatuto con autoridad explícita (Sección 122) que aún asegura ingresos y presión comercial. Los aranceles bajo este marco se estima que generen unos 90.000 millones de dólares anuales, que podrán utilizarse para financiar la reducción del déficit y recortes de impuestos. El poder de la estrategia arancelaria de Trump para negociar acuerdos comerciales que beneficien a Estados Unidos permanece intacto. Los medios, la prensa y los críticos de izquierda pueden seguir celebrando la decisión del tribunal con su ignorancia habitual.

Trump puede mantener los aranceles en su agenda económica y comercial. De hecho, con la probable victoria de los republicanos en las elecciones midterm este año, su poder arancelario podría verse incrementado sustancialmente vía nuevas leyes. El éxito en la aplicación de los aranceles, algo que la Administración y los ciudadanos hemos experimentado hasta ahora, es un aliciente para votar en ese sentido por los candidatos dispuestos a apoyar al presidente en materia arancelaria.
Otro aspecto que los críticos han pasado por alto, cegados por su odio continuo a Trump, es que el Tribunal Supremo ha dictaminado que el presidente tiene derecho a imponer un “embargo total” a un país. En concreto dictaminó: «que bajo la IEEPA, el presidente tiene autoridad para restringir, obstaculizar, denegar, licenciar o incluso imponer un embargo total a cualquier comercio extranjero». Eso significa que Trump puede detener todo el comercio de cualquier país o de todos los países si así lo decide. Una herramienta legal aún más poderosa que los aranceles para conseguir una enorme variedad de objetivos. Al reconocer la autoridad ejecutiva para imponer embargos completos bajo la IEEPA se reafirma un poder ejecutivo de importancia crítica para la soberanía nacional.
El presidente Trump ha sabido utilizar los aranceles de forma magistral para reordenar el comercio internacional, haciéndolo más justo y equilibrado, un trabajo que sigue en marcha para defender la soberanía e impedir que los intereses globalistas sigan vaciando las industrias estadounidenses y perjudicando nuestro comercio internacional.
En definitiva, las buenas noticias son que existen métodos, prácticas, estatutos, autoridades y poderes reconocidos por todos los jueces del Tribunal Supremo que son incluso más fuertes que los aranceles de la IEEPA disponibles para el presidente. Por ejemplo, el tribunal también afirmó que el presidente tiene la autoridad bajo la sección 301, sección 232, sección 122, sección 338, y muchas otras disposiciones de la ley federal, para que pueda imponer aranceles a naciones extranjeras. Y a buen seguro, créanme, que Trump los va a saber utilizar para seguir trayendo de vuelta la manufactura estadounidense, algo que mantiene los precios bajos al incentivar que los productos se fabriquen en Estados Unidos.
La magnífica disidencia de los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh defiende correctamente la separación de poderes constitucional: el Congreso nunca delegó la autoridad arancelaria a los tribunales. Este fallo socava la misión de la Ley del Gran y Hermoso Proyecto Único de reiniciar la política comercial, proteger la manufactura estadounidense y recuperar la soberanía de los marcos globalistas, pero no la impedirá. Los aranceles son herramientas, no partidas presupuestarias. La lógica de la mayoría del tribunal habría paralizado el reinicio comercial de Reagan en 1986 o las medidas de emergencia de Nixon en 1971. Ahora, gracias a la flexibilidad de Trump para reorientar la estrategia arancela, tampoco nos paralizará.
El presidente Trump va a convertir la decisión del Tribunal Supremo en una victoria porque le han marcado cómo debe proceder con los aranceles que tiene en vigor dentro de sus límites de aceptación. Trump se asegurará de que cada arancel que imponga se haga con un precedente legal establecido por el Tribunal Supremo. Los críticos aplaudieron demasiado pronto, Trump va a ganar esta partida también, de hecho, ya la está ganando desde el minuto siguiente al fallo del tribunal.