Frente a los medios ansiosos por dar como válido el fraude electoral demócrata en los estados en disputa y colocar a Biden en la Casa Blanca, encontramos el proceso constitucional enfocado a garantizar una elección limpia y justa. Frente a los que quieren cerrar los ojos ante las pruebas y evidencias del fraude, encontramos a millones de ciudadanos que no van a admitir a un presidente ilegítimo, como sería Biden, aupado por millones de votos ilegales. Frente a la corrupción del establishment político y mediático, tenemos al presidente Trump y un puñado de patriotas dispuestos a luchar por la integridad del proceso electoral, por la Constitución y por la democracia.
El discurso pronunciado por Donald Trump esta pasada semana sobre el abuso y el fraude demócrata en las elecciones, un auténtico robo electoral, ha marcado un punto de inflexión. El presidente está defendiendo sus derechos fundamentales, y los del país. Es un momento crítico en nuestra historia y los estadounidenses debemos tomar posición contra el fraude y estar a favor de la verdad. Estos acontecimientos van a marcar quién defiende la democracia y los que sólo quieren el poder mediante trampas y fraude.
En suma, nos encontramos ante el mayor desafío que amenaza nuestra República y nuestras libertades. Frente a las prisas por coronar a Biden y ocultar el fraude, tenemos el proceso constitucional. La única fecha límite requerida específicamente por la Constitución para que el Colegio Electoral elija presidente es el mediodía del 20 de enero, momento en el que termina oficialmente el primer mandato de Trump (y, si hay justicia, empezará el segundo). Todas las demás fechas límite: la fecha límite de “puerto seguro” del 8 de diciembre, la votación del Colegio Electoral el 14 de diciembre e incluso el recuento de votos del Congreso el 6 de enero, son fechas establecidas por la ley federal y no están escritas en piedra. No se requiere una votación apresurada en el Colegio Electoral, sino que es necesario verificar primero el fraude cometido por los demócratas de forma descarada.
Recordemos que en la famosa decisión del Tribunal Supremo de Bush contra Gore, se decía que si bien la ley federal establece dos días en diciembre para avanzar con la votación del Colegio Electoral, la Constitución no lo hace. Y esto garantiza que Trump pueda seguir luchando por su victoria justa y legal. El Tribunal Supremo ha dictaminado que la ley en realidad no requiere que los estados designen electores para esa fecha (14 de diciembre) para que esos votos electorales sean contados por el Congreso para determinar el ganador de la elección presidencial. De hecho, en los cinco estados en disputa en los que se han presentado impugnaciones a los resultados electorales, se produjeron suficientes violaciones e irregularidades graves como para obligar a las legislaturas a asumir el control del sistema electoral.

A través de investigaciones rigurosas que respaldan el litigio del presidente, se ha demostrado que los funcionarios estatales y locales violaron descaradamente las leyes electorales en varios estados indecisos para promover una agenda política partidista a favor de los demócratas. Como resultado, es imposible que esos estados determinen sus electores presidenciales con el plazo arbitrario establecido por ley federal de 1948 y, por lo tanto, el único plazo que importa es el 20 de enero de 2021. Que esto sirva como aviso a los impacientes de uno y otro lado.
También hay que destacar que existe un número creciente de conservadores de la Cámara de Representantes que están considerando desafiar los recuentos de votos específicos y las certificaciones de los colegios electorales estatales. Ese esfuerzo está siendo dirigido por el representante de Alabama Mo Brooks. De manera que si el Colegio Electoral elige a Biden, podría revertirse en la Cámara. Este es un proceso que está contemplado en la Constitución y que garantiza elegir al presidente legítimamente votado por los ciudadanos, que en este caso es Trump, al tener la mayoría de votos legales.
Este proceso lleva tiempo y si se confirman las irregularidades (que se están confirmando todas), los estados deben enviar el voto a las legislaturas estatales, como sugiere la Constitución. Por fortuna, varios estados donde se ha cuestionado la votación corrupta tienen legislaturas estatales de mayoría republicana.
Debido a que las leyes que gobiernan la gestión de las elecciones fueron violadas flagrantemente en numerosos estados durante estas elecciones presidenciales, no puede haber una determinación de los electores presidenciales de conformidad con la ley estatal. Como tal, la Constitución deja muy claro que la responsabilidad de nombrar electores recae en las legislaturas estatales. Esto debe hacerse lo más rápidamente posible, pero la única fecha límite que los legisladores estatales tienen la obligación de cumplir es la única fecha límite establecida en la Constitución, la ya citada: mediodía de 20 de enero de 2021.
Trump ha acertado al no conceder y luchar contra el fraude demócrata y por una victoria legal que logró de forma arrolladora. Ya no se trata siquiera de si gana Trump o Biden, sino de mantener la integridad del proceso electoral, salvar la democracia americana, preservar la Constitución y la confianza de los ciudadanos en el sistema.