El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha entrevistado a los principales candidatos al Tribunal Supremo. Ha sido un trabajo arduo a la altura de lo que el país se juega con quien será el próximo juez miembro de la máxima corte.
El lunes, día 2 de junio, examinó a los jueces Amy Coney Barrett de Séptimo Circuito de la Corte de Apelaciones; Brett M. Kavanaugh del Circuito del Distrito de Columbia; Raymond M. Kethledge y Amul R. Thapar del Sexto Circuito. Los cuatro forman parte de una lista de 25 potenciales candidatos que maneja el presidente republicano. El día 3 de junio entrevistó a la juez Joan Larsen del Sexto Distrito y a Thomas Hardiman. También ha hablado con el Senador por Utah, Mike Lee. Son los favoritos para lograr la nominación presidencial.
El presidente Trump ha prometido que nominará a un juez «excelente» con un sólido historial conservador que garantice la hegemonía conservadora en el más alto tribunal del país. Esto es importante porque es la única forma de interpretar las leyes de acuerdo al sentido original de la Constitución y conforme al Common Law estadounidense.
La decisión final sobre el nominado se hará pública el 9 de julio. El candidato de Trump deberá reemplazar en el Tribunal Supremo a Anthony Kennedy, el juez de 81 años que el pasado 27 de junio anunció que dejaría su puesto vitalicio en el Supremo el próximo 31 de julio.
Trump pretende que el juez elegido sea confirmado en el Senado antes de las elecciones midterm de noviembre. Para lo cual ya ha empezado los contactos con más de una decena de legisladores republicanos y demócratas.
El período de legislación del Tribunal Supremo se reanudará el 1 de octubre, lunes. La elección del nuevo juez vitalicio para el Tribunal Supremo de Estados Unidos es la decisión legal más importante en el país, dado que en éste se dirimen temas vitales sobre el derecho a la vida, el aborto, los derechos sociales, la inmigración, el derecho constitucional a las armas, etc.
Trump ya nombró al juez Neil Gorsuch para el Tribunal Supremo en 2017. Por lo que este será su segundo nombramiento para la corte más importante del sistema judicial estadounidense. El Tribunal Supremo atiende y escucha las apelaciones de las cortes inferiores, así como los casos de gran importancia y trascendencia nacional. Es el tribunal que asegura que las decisiones de todas las cortes sean consistentes.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo que hará posible los nombramientos de Trump van a permitir revisar los derechos de gais, lesbianas y bisexuales, que fueron amparados por cuatro sentencias del alto tribunal, cuyo ponente fue Anthony Kennedy. En el horizonte se adivinan luchas judiciales para la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB en base a las creencias religiosas. También se abre la posibilidad de derogar la sentencia Roe vs Wade que abrió el camino al aborto.
El nuevo reequilibrio del Tribunal Supremo, gracias a los jueces nominados por Trump, se moverá hacia jueces fieles al texto original y al significado de la Constitución. Esto implica que será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones de los últimos lustros que han erosionado gravemente la sociedad estadounidense, tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El valor de los nombramientos de jueces conservadores por parte Trump para el Tribunal Supremo es una oportunidad de oro para poner los derechos civiles en el plano que les corresponde, como competencia legislativa de los estados.
Temas como el aborto, los derechos de colectivos minoritarios y las armas son recurrentes, pero no son ni de lejos los únicos que se plantean en el Tribunal Supremo. Recientemente, el 21 de junio, la sentencia del caso South Dakota v Wayfair ha cambiado la jurisprudencia al establecer que un Estado federado puede gravar una venta en su territorio a un consumidor final en la imposición sobre el consumo y exigir el impuesto a la empresa vendedora aunque carezca de una presencia física en ese territorio. La economía digital y el comercio por internet han cambiado el contexto de la jurisprudencia consolidada que había, basada en las sentencias Bellas Hess (1967) y Quill (1992). Las implicaciones en la fiscalidad internacional son evidentes y propician un nuevo contexto jurídico. En la práctica, se sienta un precedente (incluso para Europa) al dictaminar que los gobiernos de cada uno de los estados puedan exigir a los grupos de e-commerce el pago de impuestos por las ventas efectuadas en su territorio, aunque las empresas no dispongan de presencia física. Esta decisión, que es trascendental para el comercio electrónico, por poner un ejemplo, es tan relevante como todos esos asuntos tan mediáticos (aborto, armas, derechos LGTB, etc), y el papel del Tribunal Supremo es crucial.
Además, esta decisión del Tribunal Supremo representa una victoria para las empresas de comercio tradicional, que acusan a los gigantes tecnológicos de hacer una competencia desleal, al no tributar por todas las ventas que realizan en internet. El presidente Trump también ha aplaudido la decisión del tribunal, que representa una gran victoria para el país, para la equidad, para los consumidores y para los comerciantes.
Para entender bien la magnitud del nombramiento que está a punto de realizar Trump, conviene empezar con un poco de pedagogía jurídica. Y nada mejor que empezar, pues, por el principio y el origen de todo el dichoso tinglado: ¿Qué diantres es un tribunal?
Bueno, un tribunal es (dicho pronto, rápido y sin zarandajas) una institución que el gobierno establece para resolver las controversias mediante un proceso legal. Las personas llevan sus controversias al tribunal para resolver sus desacuerdos. Creo que hasta aquí se entiende bien.
Estados Unidos tiene tribunales federales y estatales. Las dos clases de tribunales son el resultado de un principio de la Constitución estadounidense, a saber: el federalismo, el cual otorga algunas funciones al gobierno de los Estados Unidos y deja otras funciones a los estados.
Sigamos adentrándonos en esta selva legal: las funciones del gobierno de los Estados Unidos —o federal— corresponden al país en su conjunto e incluyen el control del comercio entre los estados y con países extranjeros, proporcionar defensa nacional y administrar las tierras federales y otra propiedad.
Los gobiernos de los estados realizan la mayoría de las funciones que probablemente el lector asocie con el «gobierno», tales como administrar las escuelas, administrar los departamentos de policía y pavimentar las calles. Por poner ejemplos notorios.
Los tribunales federales son establecidos por el gobierno de los Estados Unidos para decidir las controversias relacionadas con la Constitución federal y las leyes dictaminadas por el Congreso, que son llamadas estatutos.
Los tribunales estatales son establecidos por un estado o por un condado o ciudad dentro del estado. Aunque los tribunales estatales han de hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, la mayoría de los casos que deciden afectan a la Constitución y las leyes del estado en particular.
¿Está usted ya mareado? Tranquilidad y buenos alimentos, que hay más:
De todos los tribunales federales, los tribunales de distrito de los Estados Unidos son los más numerosos. El Congreso, en su infinita sabiduría, ha dividido el país en noventa y cuatro distritos judiciales federales y en cada distrito hay un tribunal de distrito de los Estados Unidos.
Los tribunales de distrito de los Estados Unidos son los tribunales procesales federales: o sea, los lugares en los que se enjuician los casos federales, en los que presentan testimonio los testigos y en los que prestan servicio los jurados.
Dentro de cada distrito hay un tribunal de quiebras de los Estados Unidos, una parte del tribunal del distrito que administra las leyes sobre quiebras. El Congreso, en otra demostración de que los tipos sesudos que legislan han aprovechado bien sus clases en las elitistas universidades que han pagado sus papás, ha colocado cada uno de los noventa y cuatro distritos en uno de doce circuitos regionales y cada circuito tiene un tribunal de apelaciones. Inteligente mecanismo para garantizar imparcialidad legal máxima y respeto a la ley. Pues sí, siento dar el disgusto a los críticos feroces, pero Estados Unidos es un país de leyes.
Con el panorama así, si alguien pierde un juicio en un tribunal de distrito, puede pedir al tribunal de apelaciones que estudie el caso para ver si el juez aplicó la ley de forma correcta. A veces también se pide a los tribunales de apelaciones que repasen las decisiones de las entidades administrativas federales tales como la Junta Nacional de Relaciones Laborales.
Estados Unidos cuenta con noventa y cuatro distritos y doce circuitos regionales (once circuitos numerados y el Circuito del Distrito de Columbia). También hay un Circuito Federal, cuyo tribunal de apelaciones está radicado en Washington, D.C., que ve ciertos tipos de casos procedentes de todo el país.

Y llegamos al meollo de los meollos, el sanctasanctórum de la ley, el no va más de este estado de derecho: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se encuentra en Washington, D.C. Es el tribunal federal más famoso, y el que está en el ojo informativo actualmente. Y que bien pocos de los que se dedican a pontificar sobre esto y aquello saben en qué consiste y por qué es tan importante. Se lo explico despacio para que usted lo entienda:
Si alguien pierde un caso en el tribunal de apelaciones (o, a veces, en un tribunal supremo de un estado), esa persona puede pedir al Tribunal Supremo que vea su apelación. Sin embargo, al contrario de los tribunales de apelaciones, el Tribunal Supremo no está obligado a ver el caso. En realidad, el Tribunal Supremo ve sólo un porcentaje muy pequeño de los casos que se le pide examinar.
A estas alturas, querido lector, en las que ya es usted casi un experto en derecho americano, se me pondrá gallito y me dirá con desparpajo: OK. Pero, ¿Quién establece el sistema de tribunales federales? Después de recuperarme de semejante pregunta sibilina y muy acertada, me repongo, me anudo la corbata como Dios manda, pongo expresión interesante y le suelto confiado:
El Artículo III de la Constitución dictamina un Tribunal Supremo y cualesquiera otros tribunales federales que el Congreso juzgue necesarios. El Congreso, que ya sabemos que en esto es sabio y representante del pueblo estadounidense en su maravillosa diversidad, crea los tribunales de distrito y los tribunales de apelaciones, establece el número de jueces en cada tribunal federal (incluido, of course, el Tribunal Supremo) y determina qué clase de casos se verán.
Resumiendo la papeleta legal y para que no bostece más de la cuenta: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es el tribunal más alto del país. Es una clase diferente de tribunal de apelaciones. ¿Qué qué coño significa esto? Pues que su función principal no es corregir errores cometidos por los jueces procesales, sino esclarecer la ley cuando otros tribunales están en desacuerdo con la interpretación de la Constitución o las leyes federales. Aquí reside el poder inmenso de los nueve jueces que sientan sus traseros en el tribunal.
Al contrario de lo que ocurre con los tribunales de apelaciones de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo no tiene que oír cada caso que se le pide analizar. El Tribunal Supremo decide si verá o no verá un caso. Así, cada año, las partes perdedoras piden al Tribunal Supremo que analice unos 7.000 del número de casi 30 millones de casos tramitados por los tribunales estatales y federales. Estos casos vienen al tribunal como autos de avocación (lo ha adivinado: jerga jurídica).
Con estos mimbres, el tribunal selecciona sólo unos cien de los casos más significativos para examinarlos. Y aquí viene la enorme influencia de sus dictámenes. Las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo en casos apelados de tribunales inferiores establecen precedentes para la interpretación de la Constitución y de las leyes federales que todos los otros tribunales, tanto estatales como federales, han de seguir. O sea, una influencia del copón que determina en gran medida el modelo social, económico, político, cultural, etc, de todo el país. Sus decisiones definen el mapa legal de la nación y qué derroteros adopta.
Esta facultad de estudio judicial hace que el papel del Tribunal Supremo en el gobierno estadounidense sea vital. El análisis judicial es la facultad de cualquier tribunal, al decidir un caso, de declarar que la ley dictaminada legislativamente o por acción de un oficial ejecutivo es inválida debido a que no concuerda con la Constitución. De ahí la trascendencia de elegir jueces que realmente sepan interpretar la Constitución y no digan lo que les sale de las narices.
Aunque los tribunales de distrito, los tribunales de apelaciones y los tribunales estatales pueden ejercer el poder de análisis judicial, sus decisiones siempre están sujetas a análisis por el Tribunal Supremo al ser apeladas. Por algo es el más alto tribunal. No es un adorno, es la realidad.
No obstante, cuando el Tribunal Supremo declara inconstitucional una ley, su decisión sólo puede ser declarada sin lugar por una decisión posterior del Tribunal Supremo o por una enmienda de la Constitución.
Siete de las veintisiete enmiendas de la Constitución han invalidado decisiones del Tribunal Supremo. No obstante, la mayoría de los casos del Tribunal Supremo no conciernen a la constitucionalidad de las leyes sino a la interpretación de las leyes dictaminadas por el Congreso. De ahí que su relevancia sea crucial para que el país camine por una senda de sentido común (conservadora) o de despelote vivo (progresista).
Aunque el Congreso ha aumentado constantemente el número de jueces de tribunales de distrito y de apelaciones en el curso de los años, el Tribunal Supremo ha seguido teniendo la misma dimensión desde 1869, con un Presidente del Tribunal Supremo y ocho presidentes asociados.
Al igual que los tribunales federales y los jueces federales, los jueces son designados por el Presidente con el consentimiento o aprobación posterior del Senado.
Al contrario de los tribunales de apelaciones, el Tribunal Supremo nunca participa en los grupos. Los nueve jueces oyen cada caso y son decididos por decisión de la mayoría.
Sé que le interesa vivamente cómo funciona el tinglado por dentro. Pues bien, el Tribunal Supremo comienza su sesión o mandato anual el primer lunes de octubre. El mandato dura hasta que el tribunal ha anunciado sus decisiones en todos los casos en los que ha oído argumentos, que de ordinario es hasta julio.
Durante el mandato, el tribunal, actuando por semana, oye el argumento verbal de lunes a miércoles y, luego, celebra conferencias privadas para debatir los casos, llegar a decisiones y comenzar la preparación de las opiniones.
La mayoría de las decisiones, con sus opiniones, se emiten a finales de la primavera y principios del verano. Las decisiones del Tribunal Supremo afectan a las vidas de millones de personas en todo el país, desde editores de revistas que tratan de decidir si la publicación de un artículo desfavorable acerca de una persona famosa los hace responsables de daños, hasta contribuyentes cuya factura de impuestos puede verse afectada por los dictámenes pronunciados acerca de las leyes fiscales estatales y federales, pasando por sus derechos a negarse a ofrecer servicios profesionales a personas LGTBI o cualquier otro tema candente.
El impacto general de algunos casos da lugar a debates acalorados en los medios de comunicación. Pero son los jueces del Tribunal Supremo quienes tienen la preparación, los conocimientos y la experiencia para dictaminar en cada caso.
Esta es la enorme trascendencia del nombramiento que se dispone a hacer el presidente Trump con su juez nominado para el Tribunal Supremo. Y la victoria que representa para los conservadores que respetan la Constitución.