Donald Trump pretende recuperar en su segundo mandato presidencial la denominada autoridad de incautación del poder ejecutivo. Durante 200 años, bajo el sistema de gobierno estadounidense, ha sido indiscutible que el presidente tenía el poder constitucional para detener los gastos innecesarios a través de lo que se conoce como incautación. Esto implicaba que si el Congreso proporcionaba más fondos de los necesarios destinados al gobierno, el presidente podría negarse a desperdiciar los fondos adicionales y, en su lugar, devolver el dinero al Tesoro nacional e incluso reducir los impuestos. Es exactamente lo que hizo Trump de 2016 a 2020 al proporcionar una de las mayores reducciones de impuestos y de regulaciones de la historia, dos de sus grandes logros como presidente de los Estados Unidos.
El nuevo plan que ha preparado Trump con su equipo conducirá a los poderes ejecutivo y legislativo a trabajar juntos para negociar y obtener un mejor control del gasto federal, algo que es una prioridad nacional. De esta forma, Trump utilizará el poder de incautación reconocido desde hace mucho tiempo para reducir la burocracia federal, que está descontrolada, y así obtener grandes ahorros, que derivarán en nuevas reducciones de impuestos para los ciudadanos. Esta es la vía correcta para detener rápidamente la inflación y reducir el déficit.
Con la restauración del poder de incautación, Trump recuperará de nuevo el equilibrio de poder entre el ejecutivo y el legislativo, que ahora está dañado. Para ello, el primer día de su segundo mandato presidencial, Trump ordenará a las agencias federales que identifiquen las partes de sus presupuestos en las que es posible realizar ahorros masivos a través del poder de incautación, manteniendo el mismo nivel de financiación para la defensa, el Seguro Social y Medicare, tres áreas que protegerá.
Además, tomará medidas para impugnar la constitucionalidad de los límites impuestos al Poder de Incautación por la Ley de Control de Incautación y Presupuesto del Congreso de 1974 (CBA), que es la fuente de la usurpación de los poderes del poder ejecutivo por parte del Congreso, que al aprobar ésta maniató al presidente para que no impidiera la expansión del déficit y el derroche de gastos. La CBA, que es claramente inconstitucional, es una flagrante violación de la separación de poderes y limitó drásticamente la incautación, el poder del presidente de elegir no gastar innecesariamente el dinero de los contribuyentes, lo que obligó al poder ejecutivo a gastar cada centavo de los fondos asignados por el Congreso. Bajo la ley actual, el presidente puede solicitar rescisiones de fondos, pero esas solicitudes deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso, de modo que el presidente sólo puede diferir el uso de los fondos en casos limitados. Los principales académicos constitucionales están de acuerdo en que la incautación es un poder inherente del presidente de los Estados Unidos. El Congreso tiene el “poder de la bolsa”, por lo que sus asignaciones necesariamente establecen un tope en el gasto federal para un propósito particular, pero no deben establecer el suelo.
Asimismo, el artículo II de la Constitución confiere al presidente la autoridad inherente de “cuidar que las leyes se ejecuten fielmente”, lo que históricamente se ha entendido en el sentido de que el presidente puede embargar fondos cuando al hacerlo le permite cumplir la ley con mayor eficacia. En defensa del poder de incautación del presidente contra los ataques del Congreso, Joseph Sneed, Fiscal General Adjunto del presidente Richard Nixon, explicó que el uso de la incautación ejecutiva “para promover la estabilidad fiscal no es una usurpación; más bien está en la gran tradición de frenos y contrapesos en los que se basa nuestra Constitución”. Sólo los desmanes en décadas recientes han roto con este contrapeso. Restaurar el poder de incautación, como desea Trump, llevará al poder ejecutivo y legislativo a tener que trabajar juntos para negociar y tener un mejor control del gasto federal. Un mandato constitucional que debemos recuperar.
Es necesario tener en cuenta que aunque el Congreso tiene el poder de asignar fondos, algo inherente al poder del presidente para ejecutar la ley, hay una medida de discreción sobre cómo se gastan los fondos, porque las decisiones de gasto a menudo dependen de cómo se ejecutan las leyes en la práctica. La CBA impuso cargas paralizantes sobre el uso de la autoridad de incautación y sobre la influencia de negociación del presidente con el Congreso respecto a cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, dejando al Congreso con una autoridad presupuestaria prácticamente sin control. El poder de incautación del poder ejecutivo tiene sus raíces en la Administración de Thomas Jefferson y en los primeros días de la república estadounidense.

Así, en 1803, después de que Francia negara el acceso de Estados Unidos al puerto de Nueva Orleans, el Congreso asignó fondos para 15 cañoneras. El presidente Jefferson se negó a gastar el dinero después de determinar que la compra de las cañoneras pondría en peligro las negociaciones con los franceses. En su tercer mensaje anual al Congreso, el presidente Jefferson explicó por qué no había comprado las cañoneras según lo autorizado por el Congreso y declaró que un “giro favorable y pacífico de los asuntos en el Mississippi hacía innecesaria la ejecución inmediata de esa ley”. El presidente Jefferson usó su poder como Jefe del Ejecutivo para incautar fondos asignados por el Congreso en base a su juicio de política exterior y seguridad nacional de que el uso de los fondos sería imprudente e innecesario. Durante 170 años, desde el presidente Jefferson hasta el presidente Nixon, el jefe del ejecutivo usó rutinariamente el poder de incautación para promover los intereses nacionales. En el siglo XIX, los presidentes James Buchanan y Ulysses S. Grant utilizaron la incautación en el contexto de la política nacional para evitar que el uso de fondos se destinara a construir oficinas de correos en Illinois y construir mejoras en los ríos y los puertos. Las administraciones demócratas, como las de Franklin Roosevelt, Harry Truman, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, también ejercieron el poder de confiscación o incautación. En la actualidad, 43 gobernadores utilizan regularmente este poder de incautación.
Es evidente que la restauración del poder de incautación por parte del poder ejecutivo se convertirá de nuevo en una herramienta fundamental y efectiva para luchar contra los excesos de gastos. Las cifras exponen claramente la necesidad de ello: desde la aprobación de la CBA, el despilfarro fuera de control se ha disparado; el Congreso ha tenido déficits todos los años menos cuatro desde 1974; precisamente en 1974, la deuda nacional era de 475.000 millones de dólares y el 31% del PIB. Hoy, es de 30,8 billones de dólares y el 123% del PIB. Desde que se promulgó la CBA, la deuda federal nunca ha bajado del nivel desde 1974. Los pagos indebidos y realizados incorrectamente por el gobierno federal, le costaron a los Estados Unidos 247.000 millones de dólares en 2022. El gobierno ha perdido casi 2,4 billones de dólares en errores de pago simples durante las últimas dos décadas. Durante 50 años, el Congreso ha utilizado CBA para forzar la aprobación de paquetes de gastos gigantescos y derrochadores. Desde el convenio colectivo, el Congreso ha adoptado una resolución presupuestaria a tiempo sólo 6 veces, incumpliendo el plazo por un promedio de 40 días. El Congreso casi nunca ha cumplido con la fecha límite de la CBA para sus 12 proyectos de ley de asignaciones anuales, a menudo recurriendo a proyectos de ley de gastos generales para acelerar las asignaciones.
Con el corrupto Joe Biden en la Casa Blanca, el país ha desperdiciado billones de dólares de los contribuyentes en menos de tres años, provocando una inflación descontrolada que está aplastando a las familias trabajadoras. Trump propone controlar el gasto innecesario como algo vital para detener la inflación y rescatar nuestra economía de la ruina. Pero a diferencia de los demócratas y los republicanos sólo de nombre (RINOs), Trump propone que los recortes de gastos deben ser soportados por los intereses especiales y los burócratas de Washington, no por las familias estadounidenses ni por las personas mayores.
Cuando Trump regrese a la Casa Blanca, hará todo lo posible para impugnar la Ley de Control de Confiscaciones en los tribunales y, si es necesario, conseguir que el Congreso la revoque. Después usará el poder de incautación del presidente para detener la locura de gastos sin fin y reducir el déficit. Su objetivo será mantener el gasto federal bajo control, que hoy por hoy debe ser considerado como una prioridad para la seguridad nacional.