La agenda política de Donald Trump está llena de buenas y necesarias iniciativas para regenerar la deteriorada democracia estadounidense. Entre ellas encontramos su plan para poner fin a la politización legal, restaurar el sistema de justicia en Estados Unidos y terminar con el uso corrupto de nuestro sistema judicial como arma por parte de peligrosos fiscales de tendencia marxista y socialista aliados del Partido Demócrata.
Hoy día no existe una amenaza más grave para el estilo de vida estadounidense que la corrupción y el uso indiscriminado de nuestro sistema de justicia, algo que está sucediendo todos los días en cualquier parte del país, sobre todo en aquellos estados y ciudades gobernados por demócratas y donde actúan impunemente esos fiscales guiados por la ideología de izquierda.
Trump se ha comprometido a despedir a esos fiscales marxistas y es la medida correcta, dado que si no podemos restaurar el estado de derecho justo e imparcial en Estados Unidos, no volveremos a ser un país verdaderamente libre y con justicia para todos. Para conseguir este objetivo, con el que cualquier ciudadano responsable y sensato debería estar de acuerdo si no es un fanático descerebrado de izquierda, Trump nombrará a 100 fiscales que serán el polo opuesto de los fiscales de distrito financiados y apoyados por el multimillonario socialista George Soros, los cuales están destruyendo el estado de derecho en este país al negarse a acusar innumerables delitos y estar participando en una aplicación selectiva basada en la discriminación racial ilegal y los motivos políticos. 100 fiscales íntegros que lucharán de verdad contra el crimen y la corrupción social comunista cada día en ciudades como Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y todas las demás ciudades donde estos radicales de izquierda se han apoderado de las oficinas del fiscal del distrito.
Cuando Trump regrese a la Casa Blanca, reformará el Departamento de Justicia y el FBI, ordenará investigaciones generales de derechos civiles contra estos fiscales de distrito locales marxistas, que deberán enfrentar citaciones federales de su personal, sus correos electrónicos y sus registros para determinar si han violado flagrantemente la ley federal de derechos civiles, y ordenará que se establezca un grupo de trabajo para proteger el derecho a la autodefensa, ahora vulnerado.

El nuevo plan de Trump también enfrentará la radicalización socialista en las facultades de derecho de Estados Unidos, se reformarán los Colegios de Abogados inundados por la extrema izquierda y se combatirá la purga de conservadores en ellos y en los principales bufetes de abogados. Temas muy preocupantes que amenazan aún más la destrucción del estado de derecho si no se adoptan medidas urgentes.
Además, Trump impulsará una investigación completa sobre el uso de tácticas de estado policial por parte de las autoridades federales para arrestar a conservadores y cristianos, algo promovido por la Administración Biden y sus fiscales marionetas de izquierda. Con esta investigación se descubrirá quién lo ordenó concretamente en cada caso y se le hará totalmente responsable.
Trump hará lo que sea necesario para salvar el sistema legal estadounidense del actual deterioro, que es uno de los mayores logros de Estados Unidos y de la civilización occidental, para protegerlo de las artimañas de los socialistas y comunistas que buscan manipularlo a capricho y destruirlo. Como ejemplo gráfico vean lo que sucede en España, donde esa destrucción de la justicia ya está muy avanzada y da vergüenza ajena.
Como candidato a la presidencia, Donald Trump se ha comprometido a llevar a cabo esta misión para restaurar la balanza de la justicia en los Estados Unidos, de modo que volvamos a tener justicia e igualdad ante la ley.