Muchos comentaristas habituales de los medios se sorprenden del enorme apoyo que suscita el presidente Trump en la sociedad. Las razones no las encontrarán en la prensa que habitualmente realiza una caricatura de él y manipula abiertamente la información sobre su Administración. En cambio, podemos ver y comprender las auténticas razones de ese respaldo ciudadano si nos fijamos en las acciones y los logros hasta ahora.
Uno de ellos ha tenido un amplio eco a favor entre los ciudadanos por su alcance. La Administración Trump se ha asegurado de que la red de la seguridad social de Estados Unidos beneficie de forma prioritaria a los estadounidenses. Para ello, ha derogado la norma de «carga pública» de 2022 de la Administración Biden, restableciendo una ley federal que prohíbe la entrada al país a los inmigrantes que probablemente dependerán de la asistencia social. Durante más de un siglo, la política estadounidense exigió que los recién llegados fueran autosuficientes, y una ley bipartidista de 1996 reforzó esta postura. Este cambio impulsado por Trump busca garantizar que la red de seguridad social de Estados Unidos beneficie a los estadounidenses, revirtiendo décadas de políticas que ampliaron el acceso de los inmigrantes a los beneficios públicos.
Durante al menos 30 años, el estado de bienestar estadounidense se ha convertido en un verdadero aliciente para los inmigrantes de todas partes del mundo, tanto legales como ilegales, a pesar de las leyes vigentes que buscan evitarlo. Desde finales del siglo XIX, la ley federal ha prohibido la entrada al país a cualquier inmigrante que probablemente se convierta en una carga pública. En 1996, el Congreso, con apoyo bipartidista, declaró la autosuficiencia como política explícita de Estados Unidos y exigió que muchos inmigrantes legales contaran con un patrocinador que firmara un contrato legalmente vinculante en el que se comprometiera a mantenerlos para evitar su ingreso en programas de asistencia social. Esta premisa ha sido volada en pedazos por los demócratas en los últimos años. En concreto, la norma de «carga pública» de Biden socavó un principio tan antiguo como la propia República: quienes llegan a Estados Unidos deben trabajar, no depender de la asistencia social.
Las nefastas políticas socialistas siempre terminan en la misma mierda, ya sea en Estados Unidos, España o cualquier otro país. Así, ahora vemos cómo la mitad de los hogares encabezados por no ciudadanos estadounidenses utilizan al menos un programa de asistencia social, una tasa mayor que la de los hogares encabezados por estadounidenses de nacimiento, según datos del censo analizados por el Centro de Estudios de Inmigración. Los inmigrantes de algunos países, como los somalíes que viven en Minnesota, reciben asistencia social en más del 70% de los casos al llegar a Estados Unidos.
Este es un modelo de inmigración pésimo, el mismo que los estadounidenses hemos rechazado al votar masivamente a Trump. Simplemente no es la política migratoria que deseamos, que debe estar anclada en que los recién llegados aprovechen una oportunidad excepcional para participar en la economía más productiva del mundo y en una sociedad dinámica y libre. Los estadounidenses rechazamos ese modelo de inmigración basado en una subvención predecible y ruinosa que conduce a la dependencia y la miseria. Es decir, el modelo del gobierno socialcomunista español que está creando enormes problemas a España, del que la invasión de Ceuta por miles de indocumentados es sólo un ejemplo clamoroso.
El presidente Trump ha liquidado ese modelo en Estados Unidos. Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de la Administración Trump, derogó la desastrosa regulación de carga pública de 2022 de Joe Biden y restauró el significado literal de la ley federal.

Esto revierte 30 años de subterfugios y trampas gubernamentales bajo mano, que comenzaron con los colaboradores de la Administración Clinton, incluida la entonces subsecretaria adjunta del presidente, Elena Kagan, quienes debilitaron la ley mediante regulaciones. Más recientemente, la Administración Biden la ignoró en gran medida.
Es justo reconocer que Trump y Stephen Miller, asesor de seguridad nacional y subjefe de gabinete para políticas, merecen un reconocimiento por su determinación en defender la soberanía estadounidense y hacer que el sistema de inmigración responda a planteamientos racionales para que la asistencia social estadounidense se destine a los estadounidenses que realmente lo necesitan. Es un principio sencillo, pero décadas de manipulación política han requerido del trabajo del presidente Trump, los secretarios Marco Rubio, Robert F. Kennedy Jr., Brooke Rollins y Scott Turner, así como del administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, y muchos otros, para acabar con el fraude de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), auditar las listas de Medicaid y cupones de alimentos para eliminar a los inmigrantes indocumentados, declarar que éstos no deberían ser elegibles para los fondos de Head Start, expulsarlos de las viviendas públicas, cerrar las puertas de los bancos, y muchas más acciones.
Cada dólar desviado por alguien que vino al país específicamente para aprovecharse del sistema es un dólar robado a un veterano discapacitado, a una madre soltera con dificultades económicas, a una viuda anciana con ingresos fijos, etc. Estos son los estadounidenses necesitados a quienes los programas sociales están destinados a servir en primer lugar. Al recuperar la autosuficiencia como eje de las políticas migratorias, volvemos a la equidad y la justicia.
Sin embargo, la Administración Trump necesita de la colaboración de los estados para que asuman su responsabilidad y consulten a cada solicitante de asistencia social en la base de datos federal SAVE para verificar su estatus migratorio antes de que se desembolse un solo dólar. Deben informar a las autoridades federales sobre cada persona no ciudadana inscrita en las listas de asistencia social para que se determine si constituye una carga pública y se aplique la ley tal y como está escrita. Deben compartir los datos de inscripción para auditorías federales y recuperar el coste de la asistencia social otorgada a los inmigrantes de los patrocinadores que prometieron reembolsar a los contribuyentes. Ese dinero pertenece al pueblo estadounidense y es necesario recuperarlo.
Lo mismo sirve para la red de seguridad social y para nuestro país. El presidente Trump ha puesto las políticas migratorias en el camino correcto y es una de esas razones que explican el respaldo de los ciudadanos. Con sus medidas ya ha expulsado a más de 275.000 inmigrantes ilegales de los beneficios de la Seguridad Social. Beneficios que irán a los estadounidenses necesitados.
La Ley de Reforma de la SSA de 2025 está reprimiendo el fraude al exigir que el DHS notifique a la Seguridad Social los cambios en el estatus migratorio —cerrando lagunas que Biden explotó para asignar más de 2 millones de números de Seguro Social a ilegales sólo en 2024. FAIR estima que los ilegales cuestan a los contribuyentes 150.000 millones de dólares anuales, con casi un millón usando identificaciones robadas o falsas—.
La aplicación de la ley de Trump ya bloqueó a más de 1.000 para no recibir beneficios, demostrando que los demócratas mintieron con aquello de “no hay ilegales en la Seguridad Social”. La Sección 4 del proyecto de ley prohíbe a los no ciudadanos acceder a Medicare, Medicaid y SSI —forzando la coordinación entre el DHS y el Comisionado para poner fin a este robo descarado. Las fronteras abiertas de Biden permitieron que los ilegales drenaran 16.000 millones de Medicaid; las reformas de Trump están priorizando a los estadounidenses. En España harían bien en tomar ejemplo de esta política migratoria y se evitarían el caos y el desastre que tienen en este tema por culpa de Sánchez y sus ignorantes ministros y altos cargos.
Como en tantos otros temas, la política migratoria de Trump es la adecuada.