Definitivamente el activismo judicial por parte de jueces izquierdistas se ha convertido en una herramienta del establishment y el estado profundo para frenar la agenda política del presidente Donald Trump. En los últimos días, se han producido nuevas órdenes en este sentido que reclaman lo siguiente a la Administración:
– Traer de regreso al inmigrante ilegal de El Salvador Ábrego García, que es miembro de la pandilla Tren de Aragua, con antecedentes criminales: Jueza Paula Xinis (nombrada por Obama)
– Restaurar fondos federales a las escuelas que aplican los criterios DEI: Jueza Landya McCafferty (designada por Obama).
– Restaurar fondos a las ciudades santuario para inmigrantes ilegales: Juez William Orrick (designado por Obama).
– Eliminar el mandato de prueba de ciudadanía para el registro de votantes: jueza Colleen Kollar-Kotelly (designada por Clinton).
Lo malo de estos jueces activistas es que no sólo no son electos, sino que además están impidiendo que el presidente Trump haga todo aquello para lo que fue elegido: implementar la agenda America First. Estos jueces están privando de sus derechos a todos los votantes estadounidenses que votamos por la agenda de Trump. Además, no tienen autoridad constitucional para hacer lo que están haciendo, que es una flagrante intromisión en el poder ejecutivo. Llegados a este punto de descaro por parte de algunos jueces socialistas, Donald Trump está en todo su derecho de hacer caso omiso de estas órdenes judiciales porque no tienen autoridad ninguna en estos asuntos.
Es evidente que hay una lista de jueces, en connivencia con el Partido Demócrata, preparados para bloquear cualquier orden ejecutiva, memorando o medida que Trump firme o autorice. Sólo quedan dos caminos: llevar cada caso al Tribunal Supremo o ignorar a estos jueces activistas. Conviene recordar que el poder judicial es una rama co-igual, no es soberano con el poder de gobernar sobre los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo). Hay una razón por la que a los tribunales no se les dio autoridad sobre la aplicación de la ley. Si emiten un fallo, necesitan que el poder ejecutivo lo haga cumplir. Si fallan en contra del poder ejecutivo, el presidente es libre de ignorarlo. Si lo hace, depende del poder legislativo ponerse del lado del poder judicial y enjuiciar al presidente, o ponerse del lado del presidente y no hacer nada. La idea es que se necesitan dos poderes contra uno para obligar a otro poder co-igual a hacer algo. Esto es así:
-El Presidente y el Congreso pueden anular el poder judicial (ya sea porque el Presidente se niega a hacer cumplir los fallos contra el Congreso o porque el Congreso se niega a acusar al Presidente por ignorar los tribunales).
-El Congreso y el Poder Judicial pueden anular la decisión del Presidente (mediante un juicio político por parte del Congreso al presidente por ignorar los tribunales).
-El Presidente y el poder judicial pueden anular la decisión del Congreso, cuya decisión el Presidente decide hacer cumplir.
Para Estados Unidos es una vergüenza que el poder judicial se haya politizado hasta este extremo en el que al presidente Trump sólo le quedan dos opciones, o intentar cumplir sus decisiones mediante virguerías jurídicas que ya está utilizando. Algunos jueces se han deslegitimado con este tipo de comportamiento y activismo radical. Ya podemos afirmar con evidencias irrefutables que los jueces de Obama, de Clinton y Biden están saboteando la agenda del presidente Trump y es un escándalo mayúsculo que la mayoría de medios y prensa no está cubriendo adecuadamente. A abril de 2025, entre 248 y 278 jueces federales nombrado por Barack Obama seguían en funciones y obstaculizando los planes de Donald Trump. Es un escándalo absoluto y totalmente condenable.
El presidente Trump ha solicitado al Tribunal Supremo que autorice la entrada en vigor de su orden ejecutiva que prohíbe la presencia de personas transgénero en el ejército.
Donald Trump está pidiendo a la Corte Suprema que permita la prohibición de que las personas transgénero participen en el ejército, después de que dos jueces federales la bloquearan previamente.

La fortaleza de las fuerzas armadas depende de la disciplina y la integridad operativa. Cuando se ignoran los protocolos internos o se maneja incorrectamente la información confidencial, se socava la preparación y se pone en riesgo la seguridad nacional. Las fallas de liderazgo en el Pentágono no son teatro político, sino amenazas existenciales.
Estos juristas abarcan el Artículo I (10 a 16, por ejemplo, Tribunal Fiscal, Reclamaciones Federales), el Artículo III (237 a 260, incluidos 2 jueces de la Corte Suprema, ~44 a 50 jueces de circuito, ~188 a 214 jueces de distrito, 3 a 4 jueces de tribunales comerciales) y el Artículo IV (1 a 2 jueces territoriales). Con mandatos vitalicios para los jueces del Artículo III y períodos largos o renovables para otros, los designados por Obama —a menudo jóvenes, progres y “diversos”— forman un bloqueo judicial a la agenda de Trump que es todo menos accidental. Por ahora, más de 100 demandas han afectado a las más de 100 órdenes ejecutivas de Trump desde enero, y jueces designados por Obama, como James Boasberg, Paul Engelmayer y John McConnell, han emitido órdenes judiciales a nivel nacional para detener las deportaciones (por ejemplo, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros), descongelar la ayuda exterior y bloquear el cierre de agencias (por ejemplo, USAID). De los 30 jueces que bloquean las acciones de Trump, 26 son designados por demócratas, con los designados por Obama a la cabeza. Los tentáculos del estado profundo quedan expuestos con este comportamiento desleal y anticonstitucional, pero los medios afines a la izquierda no dicen ni pío. La conclusión está clara: esto no es justicia, es una guerra jurídica en toda regla y coordinada contra el presidente Trump mediante jueces escogidos cuidadosamente para obstruir sus decisiones presidenciales y sabotear su segundo mandato.
Todos sabemos que los mandamientos judiciales a nivel nacional son una táctica permiten a jueces radicales de izquierda paralizar políticas respaldadas por los votantes, socavando así la democracia. Estos jueces se extralimitan y actúan como «activistas partidistas» que dictan políticas anti Trump, no leyes. Escoger el camino del Tribunal Supremo puede frenar eventualmente estas medidas cautelares, pero las demoras de tiempo implican que la agenda de Trump en temas como la seguridad fronteriza, la desregulación, la reducción del tamaño del gobierno federal, las políticas DEI, la presencia de personas transgénero en las fuerzas armadas, etc, quedan en suspenso.
Este panorama de control judicial exagerado y sesgado ideológicamente nos conduce de forma irremediable a un circo continuo en el que se impide gobernar con eficiencia y en el que unos pocos jueces no electos y activistas políticos, y no el presidente electo por los ciudadanos, son quienes toman las decisiones e imponen su criterio. Asistimos a uno de esos momentos vergonzosos en el que jueces socialistas niegan la voluntad del pueblo estadounidense en una insurrección judicial perfectamente organizada. Algo que en verdad no nos sorprende viendo la deriva de los últimos años.
Desde la Cámara de Representantes ya se están poniendo en marcha iniciativas para detener esta locura, por ejemplo, hay una resolución para destituir al juez Boasberg. Podría no ser la última ya que los jueces federales sólo pueden ejercer su cargo si muestran una buena conducta, ya que promover una agenda partidista desde un tribunal no cumple con la Cláusula de Buena Conducta.
Lo que está sucediendo en Estados Unidos es una tiranía judicial a manos de jueces activistas que se esconden bajo la Constitución pero que simplemente impulsan la agenda de la izquierda en los tribunales. Sólo el presidente Trump está en condiciones de enfrentarse a ellos y vencer. Una victoria para los ciudadanos y para la democracia.