Estados Unidos ha vivido unos de los mejores meses de junio de los últimos cincuenta años gracias al Tribunal Supremo y a los jueces constitucionalistas que nombró Donald Trump. Tres históricas sentencias han brindado tres victorias al movimiento conservador y a la mayoría de ciudadanos sensatos de este país sobre temas trascendentales: armas (Segunda Enmienda), vida (aborto) y oración (libertad religiosa).
Sin duda, estamos en deuda con el presidente Trump, que es quien ha hecho esto posible en última instancia.
Cinco décadas después de que Tribunal Supremo decidiera de mala manera que el aborto era un “derecho” y sería legal en todo el país, el mismo tribunal ha corregido aquel lamentable fallo judicial, ha revocado de forma acertada la sentencia Roe v. Wade y ha devuelto a los estados la responsabilidad de legislar sobre el aborto.
El balance de estos casi 50 años en los que Roe v. Wade marcó la ley en este país, es de más de 63 millones de bebés que fueron asesinados mediante abortos. Ahora depende de los estados y en la mayoría de ellos ya se han implementado legislaciones restrictivas sobre el aborto para proteger a los no nacidos, de acuerdo a lo que han votado los ciudadanos y expresado a través de sus legisladores.
Gracias a los jueces de Trump, Roe v. Wade ya pertenece al estercolero de sentencias desastrosas y vomitivas, y pasará a los libros de historia como un fallo inconstitucional y uno de los errores más grandes en la historia jurídica de Estados Unidos que permitió el genocidio de millones de estadounidenses.
Nos encontramos, pues, en un momento crucial post Roe que declara que el aborto no es ni puede ser un derecho constitucional ni tampoco es atención médica. Nunca ha estado amparado por la Constitución y por eso ha sido revocado, por inconstitucional. Se trata de una gran victoria para la cultura de la vida.
En otra sentencia, New York State Rifle & Pistol Association (NYSRPA) v. Bruen, el Tribunal Supremo decidió en una votación de 6 a 3 que los estadounidenses tienen derecho a portar armas de fuego en público para defensa propia. Este caso surgió porque Nueva York tenía una ley que infringía los derechos de los ciudadanos, sostenía que debían proporcionar una razón específica para portar un arma de fuego. Eso es algo que va directamente en contra de la Segunda Enmienda, que expresa explícitamente que “no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Nueva York estaba tratando de decir que los residentes del estado necesitaban un permiso para portar un arma en público. Es decir, para obtener un permiso, debían demostrar que tenían una razón específica para querer llevarla en público, y esta razón específica tenía que ser mayor de la que normalmente necesitaría un miembro del público en general. El estado de Nueva York estaba obligando a los ciudadanos a mostrar una necesidad especial de portar un arma en público, por lo que no debería sorprender que el Tribunal Supremo encargado de interpretar y defender la Constitución también lo anulara por lo que era: inconstitucional. Esta es otra gran victoria para los defensores de los derechos de la Segunda Enmienda y para los estadounidenses en general. Además, el Tribunal Supremo también dijo que regímenes similares de licencias de armas en California, Nueva Jersey, Hawái, Massachusetts, Maryland y Washington D.C. también son inconstitucionales.
Los regímenes de licencias revisados deben parecerse más a las leyes de armas de los 43 estados donde los funcionarios tienen menos discreción para negarles a las personas licencias de armas, aunque el tribunal dictaminó que a las personas con ciertos tipos de antecedentes penales o enfermedades mentales aún se les podría negar el derecho a portar armas.
Una semana después de la histórica victoria en NYSRPA v. Bruen, el Tribunal Supremo emitió órdenes en otros dos casos respaldados: ANJRPC v. Bruck y Duncan v. Bonta, que desafían las leyes de New Jersey y California que prohíben los cargadores capaces de contener más de 10 rondas de municiones.
Los Circuitos Tercero y Noveno, a pesar de las disidencias, confirmaron las prohibiciones equilibrando los intereses de seguridad de los gobiernos estatales con la restricción del derecho a poseer y portar armas. Y ambos casos fueron apelados ante el Tribunal Supremo. El 30 de junio el Tribunal Supremo anuló y devolvió ambos casos a los tribunales inferiores para volver a escucharlos y aplicar la prueba de texto e historia que adoptó en Bruen, no las pruebas de equilibrio de intereses que los tribunales aplicaron anteriormente. Este es un buen resultado que nos da una segunda y mejor oportunidad para ganar también esos casos.
El Tribunal Supremo ha estado sembrado en junio y también ha dictaminado sobre el caso de un entrenador de fútbol del estado de Washington cuya oración posterior al partido en la yarda 50 le costó su trabajo. El tribunal dictaminó en una sentencia de 6 a 3 que la oración del Joseph Kennedy, ex entrenador asistente en la Escuela Secundaria Bremerton en el estado de Washington, estaba protegida por la Primera Enmienda, que establece que: “El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o coartando la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al Gobierno la reparación de agravios”, y no actuaba en su calidad de funcionario escolar cuando rezó en la yarda 50, hacía fila en los partidos de fútbol y permitía que otros (incluidos los estudiantes) se unieran a él. Así, la Primera Enmienda garantiza a los estadounidenses la libertad de religión, expresión, reunión y el derecho de petición. El entrenador Kennedy fue despedido de su trabajo por expresar su derecho a rezar en 2015, y después de que su caso finalmente llegara al Tribunal Supremo, éste falló a su favor sentando un precedente en todo el país al proteger los derechos religiosos de los ciudadanos. Kennedy no causaba que la escuela violara la Cláusula de Establecimiento y respaldara una religión en particular. La mayoría de jueces, 6 a 3, lo ve como no coercitivo y no como una violación de la Cláusula de Establecimiento. La decisión mayoritaria de Kennedy v. Bremerton School District, escrita por el juez Neil Gorsuch y acompañada por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, se basa en gran medida en pruebas y declaraciones de que ningún estudiante fue coaccionado alguna vez o dijeron que se sintieron obligados a participar en estas oraciones posteriores al partido. Gorsuch observa que no parece que el método que utilizó Kennedy en la oración hiciera que nadie sintiera que estaba imponiendo su religión a los estudiantes como entrenador.

Es una gran victoria para la libertad religiosa en Estados Unidos en un momento en el que es atacada ferozmente desde la Administración Biden y por parte de los demócratas.
Durante el pasado mes de junio, el Tribunal Supremo dictaminó también en la sentencia West Virginia v. EPA 6 a 3 que la EPA (la Agencia de Protección Medioambiental) carece de autoridad para regular las emisiones de dióxido de carbono que intentan relacionar con los cambios del clima. De esta manera, sostiene que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no puede rehacer el sector energético de Estados Unidos sin la autorización del Congreso y devuelve el poder al pueblo. El fallo significa que el Congreso debe hacer leyes y no dejar que los burócratas las hagan.
Durante algún tiempo, la Agencia de Protección Ambiental ha querido destruir la industria del carbón estadounidense y ha emitido regulaciones con ese fin. El Tribunal Supremo le ha dicho que no puede hacer eso sin una clara concesión de autoridad del Congreso. Este fallo no sólo detiene a los burócratas de la EPA, sino que también debería detener las decisiones importantes por parte de numerosos burócratas en otras agencias. Significa básicamente que los burócratas federales no pueden decidir cuestiones importantes de política pública. Ese poder lo tiene la gente y el Congreso a través de sus representantes electos. Queda por ver si éste está a la altura.
Es otro triunfo de la legalidad, el sentido común y la democracia, que sale ganando. La decisión ata las manos de la Administración Biden y evita que siga aprobando regulaciones, leyes y subvenciones absurdas que perjudican la economía con la excusa del cambio climático, y que contribuyen al alza de los precios energéticos que sufren las empresas y las familias estadounidenses.
El fallo determina que la Ley de Aire Limpio, una reforma medioambiental implementada en la década de 1970, no otorga a la EPA competencias específicas para limitar de forma radical los estándares nacionales de emisiones de centrales de energía, alimentadas con carbón: «Limitar la emisión de dióxido de carbono a un nivel que forzaría a una transición nacional para abandonar el uso del carbón para generar electricidad puede ser una solución comprensible para ‘la crisis de nuestro tiempo”, escribió el juez John Roberts, que redactó la decisión apoyada por los seis jueces de la mayoría conservadora del tribunal. El alcance del fallo va más allá del cambio climático y la EPA, ya que afectará también a otras acciones regulatorias de la Administración Biden. El Tribunal Supremo sostuvo que el Congreso debe debatir y decidir específicamente cuando quiere otorgar autoridad a una agencia para regular sobre un tema de importancia nacional. Así, el fallo limita el poder de la EPA, lo devuelve al Congreso donde pertenece, y plantea la posibilidad de controlar las regulaciones que involucran a la SEC, la FCC y las criptomonedas, entre otras.
Donald Trump prometió nombrar jueces y magistrados conservadores y cumplió su promesa, como todas las que hizo. El mérito de estas victorias conservadoras es de los jueces que no temieron enfrentarse a la mafia de la izquierda radical y votar de la manera que consideraban constitucionalmente correcta, pero también lo es de Donald Trump, quien hizo tres nombramientos de jueces conservadores vitalicios en cuatro años.
De momento, el Tribunal Supremo ha entrado en receso hasta el mes de octubre, pero cuando regrese, podemos esperar más victorias constitucionales gracias a la mayoría conservadora que hizo posible el presidente Trump. Su legado se extenderá durante muchos años y esa es una buenísima noticia.