La Administración Trump tiene a España en el objetivo de algunas de sus políticas: en materia de defensa, para lograr un aumento presupuestario hasta el 5% en línea con lo acordado con otros países de la OTAN; en materia comercial para subir, bajar o eliminar los aranceles destinados a lograr un comercio más justo y equilibrado, dependiendo de las negociaciones en marcha con la Unión Europea (las políticas y actuaciones del gobierno de Pedro Sánchez son observadas con preocupación por los casos de supuesta corrupción que desvela la prensa y el riesgo de que el país caiga en una tiranía socialcomunista que ponga en riesgo la democracia, la unidad nacional, la seguridad jurídica, el estado de derecho y la prosperidad de España); en materia fiscal, debido a las supuestas prácticas fiscales abusivas de la Agencia Tributaria y posibles violaciones de derechos y conducta irregular. Destacan las implicaciones que esas supuestas prácticas abusivas podrían tener bajo la Sección 899 del proyecto de ley presupuestario “One Big Beautiful Bill”, titulada “Aplicación de Recursos contra Impuestos Extranjeros Injustos”, que contempla sanciones adicionales a personas de países extranjeros discriminatorios de hasta el 20% sobre sus impuestos, que se aplicarían tanto a individuos como empresas e incluso gobiernos. España tiene papeletas para estar entre esos países extranjeros discriminatorios por la supuesta actuación de la Agencia Tributaria, la tasa Google o la denominada Ley Beckham, de la que hay numerosos testimonios de afectados estadounidenses que han enfrentado una tributación discriminatoria basada en su estatus como residentes extranjeros bajo esta ley.
Desde mi perspectiva, el gobierno español debería hacer cambios y modificar su política fiscal o corre el riesgo de ser considerado un «país extranjero discriminatorio». Eliminar los cuestionables bonus de los inspectores de Hacienda (ilegales en EE. UU) o aflojar la presión fiscal, serían pasos en la dirección correcta. Trump podría hacer un favor indirecto enorme a los españoles, que ya viven en un país con uno de los sistemas impositivos más altos del mundo y al que se puede considerar un verdadero infierno fiscal. Para muchos especialistas fiscales independientes, es evidente que algunas de las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria española no tienen justificación objetiva y persiguen un propósito punitivo y coercitivo, utilizando los procedimientos tributarios e irregularidades sistémicas como un mecanismo de intimidación y presión, algo que viola los derechos de los contribuyentes. La Administración Trump no puede cambiar el régimen fiscal español y sus irregularidades directamente, pero tal vez pueda influir en la dirección correcta con sus políticas.
La Administración Trump cree en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales mediante una negociación que englobe el comercio, los aranceles, el intercambio de información e inteligencia, la cooperación contra el crimen internacional, el aumento presupuestario en defensa y la presencia y funciones de las bases militares, entre otros aspectos.

La política energética de la Administración Trump también afecta en cierta medida a España, por los intereses que tiene la empresa Repsol en Venezuela. La advertencia norteamericana a las petroleras para que abandonen sus actividades en Venezuela, está respalda por las restricciones que puede imponer el gobierno estadounidense a través de las licencias y que limitan la exploración, producción o comercialización de petróleo y gas. Es un frente que se mantiene abierto con negociaciones entre Repsol, Chevron, el gobierno español y la Administración Trump. De momento, la petrolera española se arriesga a sufrir grandes pérdidas si decide continuar con sus operaciones en Venezuela, tal y como ha declarado la empresa.
La inseguridad en algunas ciudades españolas y sus niveles de delincuencia y criminalidad, muy a menudo asociados con una elevada inmigración, también están en el radar americano y son elementos de preocupación potenciales para los turistas y ciudadanos estadounidenses que visitan y trabajan en España. Por eso, la Administración Trump, a través del Departamento de Estado, ha publicado una advertencia para quienes visiten España, y ha elevado su nivel de alerta por el peligro de robos, atracos, actos terroristas y disturbios civiles, ante lo que deberán tener una “mayor precaución”. Los potenciales objetivos de los terroristas o activistas radicales serían centros turísticos, aeropuertos, estaciones de tren, autobuses, hoteles y restaurantes, entre otros.
A la Administración Trump le preocupan los posibles disturbios en que pueden degenerar las numerosas manifestaciones que hay en España. Por eso, la advertencia a los ciudadanos estadounidenses es evitar tales concentraciones y aglomeraciones.
Teniendo el panorama global en cuenta, las políticas del presidente Trump hacia España no son especialmente ofensivas, de hecho, mantienen un equilibrio razonable, es un país que el presidente aprecia y valora, aunque el hecho de que haya un gobierno socialcomunista influye negativamente. La escasa comunicación entre el gobierno de Trump y de Sánchez plantea una situación que, de continuar, podría afectar a la cooperación en áreas vitales como la seguridad y la defensa. Dada la necesaria colaboración en materia de inmigración y criminalidad internacional, además de la gestión de las bases de Rota y Morón, que son fundamentales para las operaciones de la OTAN en el Mediterráneo y África, el debilitamiento de la relación bilateral entre ambos países podría tener consecuencias estratégicas y esto es algo a evitar.
La falta de afinidad política entre el presidente Trump y Pedro Sánchez es evidente y afecta en cierta medida a las relaciones bilaterales. La brecha ideológica se ha ampliado entre ambos y esto perjudica los intereses españoles. Las posiciones políticas y ciertas declaraciones del presidente español y miembros de su gobierno, pueden conducir a que España se convierta en un país geopolíticamente irrelevante. Un diálogo directo, basado en objetivos comunes y sin extremismos ideológicos, es lo deseable, ya sea con los actuales responsables políticos en España o los que logren formar gobierno en un futuro.