Las medidas audaces que el presidente Trump está autorizando desde su llegada a la Casa Blanca, ha reavivado un activismo judicial inusitado por parte de algunos jueces de marcada tendencia izquierdista que pretenden frenar la agenda política del republicano. En su afán por limitar el alcance de sus órdenes ejecutivas, se extralimitan de forma vergonzosa y han creado una crisis constitucional. Ese grupo de jueces, que fueron nombrados por Obama, Clinton y Biden, olvidan que la seguridad nacional es un poder exclusivo otorgado al presidente, quien tiene plena autoridad constitucional para adoptar las decisiones que crea conveniente. Todos los precedentes contemplados por el Tribunal Supremo de EE. UU están de su lado.
A los jueces activistas socialistas movidos por ese estado profundo controlado por los demócratas y algunos republicanos sólo de nombre (RINOs), se ha unido recientemente la jueza Beryl Howell, elegida para el tribunal de Washington D.C por Obama en 2010 y confirmada por votación oral en el Senado, que dictaminó la semana pasada que la orden ejecutiva de Trump de retirar las autorizaciones de seguridad a Perkins Coie, una firma de abogados vinculada a los demócratas y a la campaña electoral de Hillary Clinton de 2016, es inconstitucional. Ella afirma que viola las Enmiendas 1, 5 y 6 y lo califica de “represalia” por su labor legal.
Más jueces activistas al servicio de la causa demócrata: un panel del Tribunal de Circuito de Washington D. C. bloqueó temporalmente los despidos masivos del presidente Trump en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB). El fallo, con una votación de 2 a 1, liderado por funcionarios designados por Obama, frena el intento de Trump de destituir al personal de la CFPB, con un juez designado por Trump expresando su firme desacuerdo.
Los jueces Millett y Pillard, designados por Obama, emitieron la suspensión, citando daños irreparables a los trabajadores despedidos de la CFPB. El juez Walker, designado por Trump, disentió, argumentando que la decisión del tribunal socava la autoridad presidencial, lo cual es cierto. El fallo retrasa la reforma de la CFPB por parte de Trump, que es un objetivo clave para reducir el exceso burocrático y de funcionarios añadidos por Biden y que son completamente prescindibles. Esta nueva extralimitación judicial es otro intento de frustrar las reformas que está poniendo en marcha Trump con buen criterio y que priorizan el interés de Estados Unidos y de los contribuyentes en contra de los jueces activistas.
También Jamal Whitehead, juez designado por Biden, ordenó a la Administración Trump esta pasada semana que admita a 12.000 «refugiados» en el país. Otro despropósito judicial. Además, el estado profundo ha puesto en jaque a otra jueza socialista, Jennifer Thurston, que envió una orden que prohíbe a la Patrulla Fronteriza arrestar a inmigrantes ilegales indocumentados confirmados sin una orden judicial. Una barbaridad judicial que sólo a uno de estos jueces activistas se le podría ocurrir.
También el juez de distrito Fernando Rodríguez quiere impedir que el presidente Trump utilice la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a pandilleros, dictaminando que aplicar la ley a los miembros del Tren de Aragua es “ilegal”. El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr., en Brownsville, Texas, emitió una orden de restricción temporal el pasado 9 de abril, impidiendo que la Administración Trump deporte a las personas recluidas en el Centro de Detención El Valle en Raymondville, Texas, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA). La orden impide específicamente la deportación de tres hombres venezolanos y otras personas en el centro que, según la Administración, están sujetos a deportación según la proclamación del presidente Trump del 14 de marzo de 2025 dirigida a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. El fallo de Rodríguez argumenta que deportar a estas personas sin la debida notificación ni la oportunidad de solicitar un hábeas corpus podría causarles un daño inmediato e irreparable, ya que podrían no poder regresar a EE. UU si son deportadas injustamente. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones han argumentado que aplicar la AEA a una banda criminal como Tren de Aragua, en lugar de a un país extranjero en tiempos de guerra, es ilegal, postura con la que coincide la orden de Rodríguez, pendiente de una revisión adicional. La Administración Trump ha argumentado que el Tren de Aragua opera como un «estado criminal híbrido» vinculado al régimen de Maduro, lo que justifica el uso de la AEA. El 7 de abril de 2025, el Tribunal Supremo dictaminó que las deportaciones bajo la AEA podrían proceder si los detenidos cuentan con el debido proceso para impugnar su expulsión. La orden de Rodríguez no declara directamente la aplicación de la AEA como «ilegal» permanentemente, sino que suspende las deportaciones para garantizar la revisión judicial, lo que refleja las batallas legales en curso sobre el alcance de la ley. Esta situación sigue siendo inestable, con la posibilidad de que fallos de tribunales superiores modifiquen el resultado.

La orden de este juez debería ignorarse, ya que se está arrogando poderes que la Constitución no le otorga al poder judicial. De entrada, para detener esta locura, Trump considera también suspender el habeas corpus para frenar la inmigración ilegal. Dado que estos jueces activistas están en guerra contra las políticas de Trump y bloquean las deportaciones, el presidente contraatacará. Hasta ahora, esos jueces han retrasado los planes de deportación masiva, incluyendo el fallo del Tribunal Supremo contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero el equipo de Trump pretende eludir la extralimitación judicial con esta estrategia y utilizará la fuerza militar bajo la Ley de Insurrección para asegurar la frontera.
A todos estos jueces parece que les entra una desmemoria colectiva porque olvidan que los jueces no tienen autoridad de ejecución para hacer cumplir la ley. Dependen de los demás poderes para ejecutar sus decisiones. Desde luego pueden emplear a los US. Marshals, pero éstos trabajan para el poder ejecutivo. O sea, para el presidente Trump, que no está por la labor de hacer el juego a estos jueces metomentodo. Tendríamos que devolver a esta cuadrilla de jueces a la Universidad para enseñarles que, si los Padres Fundadores hubieran querido que los jueces dirigieran la nación, les habrían otorgado poderes coercitivos. Que no es el caso. El presidente es quien tiene el poder de ejecución y el Congreso tiene poder sobre el erario público. Sin poder, los jueces son sólo unas pizas más del sistema. Quiero creer que lo saben de sobra, pero seguramente se les “olvida” al seguir las directrices de sus amos Obama, Clinton, Biden y demás.
El presidente Trump puede ignorar perfectamente a estos jueces afectados por el síndrome anti Trump. Lo peor que le podría pasar si decide hacerlo es un impeachment y eso no sucederá porque no tienen los votos para ganar en el Congreso. Sería el tercer impeachment que ganaría Trump y eso sólo aumentaría su ya enorme perfil y capital político y apoyo ciudadano.
Ha llegado el momento de ignorar a los jueces activistas y buscar su destitución por el Congreso. Es una de esas batallas necesarias para arreglar esa deriva socialista que había adoptado Estados Unidos bajo las Administraciones demócratas. No sólo es necesaria para detener estos mandamientos absurdos que tratan de paralizar las órdenes ejecutivas del presidente Trump, sino porque con su actuación lamentable y extralimitaciones, están socavando la credibilidad del poder judicial al privar de sus derechos a los votantes.
En este contexto de politización del sistema judicial, el Tribunal Supremo debe controlar a los tribunales inferiores y establecer con firmeza que no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional y quedarse con el asunto ante su tribunal. EE. UU siempre ha sido un país basado en el estado de derecho. Si unos pocos jueces activistas utilizan el poder judicial para tomar decisiones basadas en sus creencias políticas y las de quienes los apoyan en la sombra, entonces tenemos un serio problema que es necesario afrontar. Es evidente que ningún juez ha sido elegido presidente. Ningún juez tiene poderes presidenciales. Tenemos 677 jueces de distrito en la magistratura federal, 384 de ellos nombrados por los demócratas. En lugar de ganar elecciones y hacer oposición en el Congreso, ahora los demócratas utilizan a los jueces no electos de su cuerda para boicotear al presidente Trump. Necesitamos parar la extralimitación judicial y hacerlo ya, porque es un peligroso precedente y una amenaza seria para la propia democracia y los fundamentos de la República. En este sentido, el senador Grassley ha presentado un proyecto de ley para enfrentar a los jueces de distrito radicales fuera de control que se hacen pasar por presidentes alternativos. La Ley de Aclaración de Alivio Judicial de 2025 (JRCA), junto con la Ley de No a los Fallos Deshonestos del congresista Darryl Issa Issa (aprobada en la Cámara de Representantes por 219 votos a favor y 213 en contra), son una clara señal de que la amenaza de los jueces de distrito activistas será enfrentada por el poder legislativo limitando sus poderes.
Además, el presidente Trump puede ignorarlos con toda la razón del mundo porque no tienen jurisdicción. El Tribunal Supremo y el Congreso tienen una oportunidad de oro para poner orden en el sistema judicial y ante estos jueces activistas que se extralimitan en su autoridad, pero está por ver que lo hagan y concreten medidas.