La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, uno de los miembros del gabinete de Trump con una influencia decisiva en la toma de decisiones, atenderá la petición de los presidentes de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, los republicanos Tom Cotton y Rick Crawford, para revisar los acuerdos de cooperación con el Gobierno de Pedro Sánchez, centrando la atención en el intercambio de inteligencia.
Para la Administración Trump, los contratos del gobierno español con Huawei representan un enorme fallo de seguridad al permitir que esta empresa tenga acceso a las escuchas telefónicas judiciales, policiales y de los servicios de inteligencia, debido a sus vínculos con el Partido Comunista Chino, algo que socava la integridad de la inteligencia estadounidense, española y de la OTAN, y expone información confidencial a la infiltración del PCCh. Confiar en los sistemas OceanStor y SITEL que permiten acceder a metadatos y contenido, es una temeridad y un riesgo innecesario. No es extraño que países como EE. UU, Alemania, Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá, hayan vetado a los proveedores chinos.
La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, valorará esta situación antes de tomar ninguna decisión y trasladar sus conclusiones al presidente Trump, ya que compartir inteligencia especialmente sensible con el gobierno español ahora podría proporcionar acceso del Partido Comunista Chino a secretos estadounidenses e información reservada de alto valor a través de las puertas traseras informáticas de Huawei. No podemos pasar por alto lo que sabemos al respecto y que nos alerta de la amenaza, por ejemplo, la investigación del FBI en 2022, que descubrió que los equipos de Huawei pueden utilizarse para interrumpir las comunicaciones militares estadounidenses, incluidas las relacionadas con el arsenal nuclear estadounidense. Para hacer esta evaluación de riesgos se cuenta con la participación y análisis de distintas agencias de la comunidad de inteligencia estadounidense involucradas en la cooperación con España. No se descarta solicitar mayor información al gobierno español sobre esta cuestión a través de los canales establecidos para ello, además de las que ya están proporcionando las autoridades españolas, centradas en la seguridad del sistema, la afirmación de que Huawei no tiene acceso a las infraestructuras 5G de España ni las infraestructuras críticas de telecomunicaciones del país, que la adjudicación se gestionó siguiendo los procedimientos públicos establecidos, que cumple con las Guías de Seguridad TIC del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC), y que sólo usa equipos de Huawei en una parte limitada de su sistema de escuchas telefónicas.
Leonardo Marcos, ex director de la Guardia Civil y ahora consejero de prensa de la embajada de España en Washington, también ha declarado sobre este tema que «el Sistema Integrado de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SITEL) está «completamente aislado» de las redes relacionadas y es «monitoreado continuamente» por profesionales de la ciberseguridad».
La Administración Trump prioriza a los aliados que garantizan la seguridad y no externalizan datos críticos a empresas o gobiernos adversarios. El equilibrio entre las prioridades geopolíticas y la seguridad operativa de la información de inteligencia compartida, así como las amenazas tecnológicas del Partido Comunista Chino, son dos de las cuestiones a evaluar por la Directora de Inteligencia Nacional.
Desde el primer mandato del presidente Donald Trump, y también en este segundo mandato, Estados Unidos ha hecho un esfuerzo para eliminar la amenaza que los equipos de Huawei y otros de empresas chinas representan para las redes, la infraestructura y la privacidad estadounidenses, en respuesta al informe del Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de 2012, que concluyó que el uso de equipos fabricados por Huawei y ZTE, otra empresa china de telecomunicaciones, podría «socavar los intereses fundamentales de la seguridad nacional de Estados Unidos” y a la advertencia reiterada en 2018 de seis jefes de inteligencia estadounidenses, incluidos los directores de la CIA y el FBI, contra el uso de productos Huawei porque podría realizar «espionaje oculto».
En este sentido, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha cancelado hace unos días la dependencia del Pentágono de mano de obra china para sus servicios en la nube, que era herencia de un contrato de la Administración Obama de 2016. Algunas empresas tecnológicas como Microsoft estaban utilizando ingenieros chinos en su programa Azure. De esta forma podían acceder a información clasificada estadounidense a través de la ciberinfraestructura del Departamento de Defensa. No podemos permitir que la infraestructura informática militar dependa de China dado el actual entorno de amenazas digitales. Esto ha ocurrido después de que el hacker chino Xu Zewei fuera arrestado por robar datos estadounidenses para el Partido Comunista Chino mientras estaba al servicio de Microsoft y de investigaciones internas en el Pentágono. Trump ha dado orden de priorizar la seguridad nacional, cerrar este tipo de puertas traseras y agujeros tecnológicos, y aumentar la supervisión sobre las subcontratas del Pentágono.

Los riesgos son reales y de ello da cuenta, por ejemplo, que la juez de distrito Ann Donnelly ha dictaminado recientemente que Huawei Technologies debe enfrentar cargos penales en un caso de amplio alcance con cargos por robo de tecnología y participación en extorsión, fraude electrónico y bancario, entre otros delitos. Tampoco son nuevas las denuncias de la Administración Trump de que Huawei y algunas de sus filiales han conspirado para robar secretos comerciales y propiedad intelectual estadounidenses. En suma, riesgos que vienen de tiempo atrás. Ya en 2019, Trump firmó una orden ejecutiva para afrontarlos que prohibía a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei, y el Departamento de Comercio añadió a la empresa a su «lista de entidades», lo que le impedía comprar productos estadounidenses. Poco después, Google restringió el acceso de Huawei a sus productos, incluido su sistema operativo Android. El Departamento de Comercio añadió más medidas en mayo de 2020 emitiendo nuevas normas para impedir que los fabricantes extranjeros de semiconductores que utilizan máquinas y software estadounidenses enviaran productos a Huawei sin licencia. Desde entonces, más de cien filiales de Huawei se han añadido a la lista de entidades del Departamento de Comercio, lo que ha obstaculizado la capacidad de la empresa para obtener productos estadounidenses esenciales.
También en noviembre de 2019, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó a favor de designar a Huawei y ZTE como amenazas a la seguridad nacional, lo que impide a los proveedores de internet estadounidenses utilizar fondos federales para comprar los equipos de las empresas tecnológicas. La decisión de la FCC entró en vigor en junio de 2020. Ese mismo año, el Congreso otorgó 1.900 millones de dólares a la FCC para que la agencia retirara los equipos de Huawei de las redes estadounidenses existentes.
Además, para hacer frente a estos riesgos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha impuesto más restricciones en los últimos años. En este 2025, Brendan Carr, recién elegido presidente, lanzó una investigación exhaustiva sobre las operaciones en curso en Estados Unidos de empresas que han sido incluidas en la “Lista de Empresas Cubiertas” por riesgos a la seguridad nacional, como Huawei, ZTE, China Telecom, Hytera, y otras, que tienen prohibido operar en territorio estadounidense al ser acusadas de pasar información al PCCh, y representar un riesgo a la seguridad de la infraestructura estadounidense. La FCC planea varias normas para prohibir la tecnología china en los cables submarinos estadounidenses. Esta prohibición formará parte de un nuevo paquete de políticas para fomentar la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones submarinas, protegiéndola de las amenazas de adversarios extranjeros como China. Esto es importante porque los cables submarinos transportan el 99% de todo el tráfico de internet. La FCC tiene previsto votar sobre las normas propuestas en su reunión del 7 de agosto.
No son pocos los que piensan en el Partido Republicano, en la comunidad de inteligencia, en la Administración Trump, y analistas independientes, que hasta que el gobierno español no siga una política de seguridad estricta, como la de Trump, el gobierno estadounidense debería garantizar que cualquier inteligencia compartida esté limitada y censurada estratégicamente, excluyendo aquellos detalles e información que no deben compartirse con el Partido Comunista Chino, y vista la deriva e intenciones del gobierno de Sánchez, tampoco con ellos. Soy de la misma opinión.