Los éxitos militares de la Operación Furia Épica del presidente Trump en Irán eclipsan otros triunfos destacados de su agenda MAGA, que no conviene pasar por alto. Esta semana pasada, el 26 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva importante que prohíbe a los contratistas federales participar en prácticas basadas en la diversidad, equidad e inclusión (DEI). El documento ordena a las agencias «cancelar, rescindir o suspender los contratos» con los contratistas que incumplan esta disposición. Claro y directo, como es habitual en las políticas del presidente.
Esta orden, por la que algunos asesores venimos luchando durante mucho tiempo, ordena a la Oficina de Gestión y Presupuesto proporcionar orientación a las agencias federales sobre su adecuado cumplimiento e identificar «los sectores económicos cuyos actores participan en DEI». Las desastrosas políticas Woke de los demócratas de los últimos años quedan reducidas a cenizas, gracias a Trump. La orden también instruye a las agencias federales a «cancelar, rescindir o suspender contratos» con contratistas que se nieguen a eliminar «actividades DEI discriminatorias por motivos raciales». Asimismo, instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a dar prioridad a las posibles reclamaciones contra contratistas o subcontratistas por incumplimientos de las cláusulas contractuales que prohíben las actividades basadas en la DEI, y a garantizar una «rápida revisión» de las acciones en materia de derechos civiles interpuestas por particulares.
Esta oportuna orden ejecutiva exige al Consejo Regulador de Adquisiciones Federales que modifique la normativa federal de adquisiciones para eliminar cualquier disposición contradictoria relacionada con las políticas de DEI y define las actividades basadas en la DEI como prácticas en las que las entidades tratan a los empleados o contratistas en función de su raza o etnia, en lugar de por méritos. Por fin los méritos regresan al centro de las decisiones y no las tonterías Woke que estaban destruyendo Estados Unidos.
El presidente Trump declaró con acierto que este tipo de actividades provocan rotación de personal e imponen costes artificiales a las agencias federales a través de procesos de contratación, promoción y operativos que impiden la toma de decisiones basadas en el mérito:
«Las actividades de DEI también generan costes innecesarios al reducir la oferta de mano de obra disponible, al limitar artificialmente a las empresas a la hora de contratar o ascender a determinadas personas, proveedores o intermediarios en función de su raza o etnia», se indica expresamente en la orden. «Estos costes se trasladan inevitablemente al gobierno federal cuando éste contrata a empresas que participan en actividades de DEI discriminatorias por motivos raciales, o que recurren a subcontratistas que lo hacen».
Cabe destacar que, aunque la Administración Trump ha logrado avances muy significativos para poner fin a las actividades de DEI, algunas entidades, incluidos los contratistas federales, han seguido participando en dichas prácticas y ocultándolas.
El compromiso del presidente Trump para acabar con las políticas DEI ha sido sólido y coherente desde que asumió el cargo, cuando ya firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar las políticas y programas centrados en la DEI dentro del gobierno federal. Orden que todos cuantos tenemos sentido común aplaudimos en su momento.

Aquella orden exige a las agencias federales que eliminen todas las oficinas y puestos relacionados con la DEI y la «justicia ambiental» (environmental justice), junto con los requisitos de rendimiento relacionados con la DEI para empleados y contratistas.
En el documento, Trump criticó de forma acertada a la Administración Biden por imponer «programas de discriminación ilegales e inmorales» en prácticamente todos los ámbitos del Gobierno federal a través de iniciativas de DEI. Un escándalo que la mayoría de medios y prensa se han negado a cubrir por su más que evidente odio hacia Trump y ese sesgo izquierdista que los delata en cada información.
Trump expresó en esa orden que «casi todas las agencias y entidades federales presentaron ‘Planes de Acción para la Equidad’ en los que detallaban las formas en que habían fomentado la infiltración de las iniciativas de DEI en el Gobierno federal, siguiendo las directrices de la Administración anterior». «La publicación de estos planes puso de manifiesto un enorme despilfarro público y una vergonzosa discriminación. Eso se acaba hoy», declaró el presidente en su orden ejecutiva.
La lucha del presidente Trump contra la lacra de la DEI, ha logrado hasta ahora también que más de 300 universidades eliminen sus oficinas de Diversidad, Equidad e Inclusión. El Departamento de Educación ha restaurado el mérito académico sobre las cuotas raciales, obligando a las instituciones universitarias a invalidar récords de atletas “transgénero” y reconocer exclusivamente la biología en el deporte femenino. La firmeza de Trump ha permitido sancionar a estados como California por ocultar “transiciones de género” a los padres, logrando que decenas de hospitales suspendan cirugías de cambio de sexo en menores.
Además, desde enero de 2025 el gobierno de Trump ha expandido el alcance de la «Ley Mordaza Global», una política que busca evitar la utilización del dinero del estado federal para financiar abortos, ideología de género y políticas DEI a través de ONGs fuera del país.
Las iniciativas contra DEI han sido continuas y acertadas. Así, la Administración Trump puso en marcha en febrero de este año una investigación a Nike por discriminar a los blancos bajo las políticas DEI, obligando a la empresa a entregar información relacionada con denuncias de discriminación a trabajadores blancos exclusivamente por razones raciales, tras detectar: “un patrón o práctica de trato desigual contra empleados blancos, postulantes y participantes de programas de capacitación en decisiones de contratación, ascensos, descensos o desvinculaciones, incluida la selección para despidos; programas de pasantías; y programas de mentoría, desarrollo de liderazgo y otros programas de desarrollo profesional”.
También desde el mes de enero de 2025, el Ejército y la Fuerza Aérea están eliminando todos los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión, en cumplimiento de la orden ejecutiva de Trump. Se desmantelaron sitios web, capacitaciones y grupos de trabajo relacionados con las políticas de DEI, incluidas las iniciativas demócratas para favorecer injustamente a las mujeres, las minorías y el personal LGBTQ+.
Un tribunal federal de apelaciones levantó en el mes de marzo el bloqueo a nivel nacional de las órdenes ejecutivas de Trump que restringían los programas de DEI. El fallo permite a la Administración hacer cumplir sus órdenes mientras continúan los recursos legales.
El presidente Trump se apunta victorias importantes, no sólo con su política internacional, sino también en el plano nacional.