Las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez inquietan a la comunidad de inteligencia y a la Administración Trump. No son sólo los contratos con Huawei y el acercamiento al régimen dictatorial y comunista de China y la suspensión de compra del caza F 35, sino también el proyecto de ley de Información Clasificada que se pretende tramitar y aprobar por la vía de urgencia, y con la que el gobierno quiere liquidar la ley de Secretos Oficiales de 1968. Este proyecto de ley contiene un texto muy preocupante, que también ha suscitado críticas en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en el Ministerio de Defensa. El citado texto propone derogar una función incluida en el artículo cuarto que rige el funcionamiento de los servicios secretos. El objetivo del Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, apunta al apartado f) del citado artículo cuarto, que concede al CNI la competencia de: «velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada». Una función que, si sale adelante este proyecto de ley, pasaría a manos de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información, que tendría rango administrativo. Es decir, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que sería el organismo que decidiría todo en cuanto al control, acceso y posible destrucción de la información secreta que gestione la inteligencia española. ¿Qué implica esto? Que funcionarios de fuera del CNI decidirían acerca de temas internos del servicio de inteligencia español.
El texto incluye un párrafo para proteger el control de la información confidencial de defensa de la OTAN, algo que ha exigido ésta, pero que en la práctica es poco efectivo porque la mayoría de información del CNI incluye referencias a asuntos de la Alianza Atlántica.
El proyecto de ley tal y como está redactado dará a Presidencia y no a Defensa el control de la futura Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, encargada de gestionar los documentos más importantes del Estado.
Ahora, es el CNI el que concede las autorizaciones de seguridad para acceder legalmente a información clasificada en los niveles «Alto Secreto», «Confidencial», y «Secreto». Si la reforma sigue adelante, será Bolaños y las personas que designe quienes decidan qué documentos deben ser clasificados y cuáles no. El control directo del gobierno de Pedro Sánchez, en cuestión por sus vínculos inquietantes con China, el narcorégimen de Maduro en Venezuela, y sus tensas relaciones con la Administración Trump, han despertado una nueva alarma en la comunidad de inteligencia estadounidense.
El proyecto de ley incluye multas millonarias para los periodistas y otros profesionales que divulguen información clasificada sin previa autorización. Multas que podrían ser de hasta dos millones y medio de euros. Un poder extraordinario que podría limitar la libertad de prensa e información en España y podría obligar a los periodistas a revelar sus fuentes, algo que vulneraría el artículo 20 de la Constitución: el derecho a comunicar libremente y a mantener el secreto profesional. Lo que sería, sin duda, un paso más hacia el autoritarismo y la tiranía socialista.

Además, amplía la clasificación de información a otros ámbitos distintos de los estrictos de seguridad y defensa del Estado, los cuales son muy amplios e indeterminados. Por ejemplo: las relaciones exteriores de España o situaciones de tensión internacional; los intereses económicos o industriales de carácter estratégico; y cualquier otro ámbito (esto es un cajón de sastre a conveniencia del gobierno de Sánchez). Los plazos para desclasificar información propuestos también son cuestionables. Po ejemplo, los documentos clasificados como alto secreto deberán desclasificarse en un máximo de 45 años, prorrogables 15 años más de forma excepcional; los de nivel secreto, en 35 años (prorrogables 10); los confidenciales, entre 7 y 9 años; y los restringidos, entre 4 y 6 años; la legitimación para solicitar la reclasificación o desclasificación de la información o para recurrir la clasificación sería muy restringida; y tampoco contempla la creación de un Registro de Información Clasificada para poder saber en qué materias están ocultas bajo las categorías de Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido.
Desde la Administración Trump se observa el desarrollo de este tema que podría conceder a Pedro Sánchez un control directo y exclusivo sobre la inteligencia en España. Dado los presuntos casos de corrupción y sus posturas de enfrentamiento con respecto a EE. UU y a Donald Trump, es algo que se tendrá en consideración a la hora de compartir inteligencia y tomar algunas decisiones que afecten a España.
Este proyecto de ley permitiría al gobierno declarar “secreto” casi cualquier información, sin apenas control judicial. La consecuencia sería una censura preventiva y la criminalización del periodismo de investigación. Su objetivo parece evidente y es preocupante: Sánchez pretende blindarse frente a investigaciones periodísticas y filtraciones de información sobre abusos de poder, presuntas corrupciones, turbios negocios, uso partidista de los servicios de inteligencia y posible corrupción institucional.
Esto, junto a la reciente prohibición sobre los envíos de armas con destino a Israel a través de puertos españoles, la potencial limitación de las operaciones estadounidenses, las relaciones de Sánchez con el ex presidente Zapatero y sus vínculos con el régimen del narcodictador venezolano Maduro, la supuesta financiación ilegal del PSOE con fondos del régimen venezolano, y el sospechoso incremento patrimonial de ambos políticos, los colocan en el punto de mira de la inteligencia, la política y la justicia estadounidense. Conviene puntualizar que, de momento, no hay investigaciones oficiales abiertas, como se viene informando erróneamente en la prensa y los medios españoles, pero sí hay una recopilación importante de información y datos de diferentes fuentes abiertas y confidenciales, en especial sobre José Luis Rodríguez Zapatero, y que esa investigación oficial se podría desencadenar en cualquier momento y con consecuencias inmediatas, como la retirada de visados, sanciones, acusaciones formales en tribunales federales y órdenes de arresto. Nada de todo ello escapa al seguimiento exhaustivo que realizan también los asesores del presidente Trump y su Administración para evaluar su alcance e impacto en el gobierno de España y en la estabilidad de la cooperación entre los dos países.
De momento el secretario del Tesoro, Scott Bessent aprovechará su visita a Madrid esta semana, con motivo de la cuarta ronda negociadora comercial con China, para reunirse con representantes del gobierno español: el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para tratar asuntos relacionados con la relación bilateral entre EE. UU y España. Esto es importante tras las tensiones y enfrentamientos entre la Administración Trump y el gobierno de Sánchez a cuenta de Huawei, el presupuesto de defensa de la OTAN, los aranceles, las sanciones y declaraciones sobre Israel, y la negativa a comprar el caza F-35, entre otros temas. El objetivo es contrastar posiciones de los respectivos gobiernos e intentar reforzar la cooperación con España. En la agenda confidencial de Scott Bessent está la colaboración comercial, económica, los aranceles, la inteligencia, las relaciones del gobierno de Sánchez con el gobierno chino, y los contratos con Huawei.
Esta situación está en constante evolución y de su desarrollo dependerá el tratamiento que el presidente Trump le conceda al gobierno de Sánchez.