El 22 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designaba a Antifa como organización terrorista nacional. En concreto: «una organización anarquista y militarizada que promueve el derrocamiento del gobierno, las fuerzas del orden y el sistema judicial de Estados Unidos». «El grupo emplea métodos ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia política y terrorismo interno, incluyendo disturbios, agresiones y sabotajes». La orden dejaba claro que «Antifa recluta y adoctrina a jóvenes estadounidenses, coordina acciones con otros movimientos radicales y busca socavar la aplicación de las leyes federales». Ppoco después el presidente también emitió un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional titulado «Contrarrestar el Terrorismo Nacional y la Violencia Política Organizada», así como una hoja informativa adjunta.
Desde entonces, las agencias federales de inteligencia revisan e investigan de forma detallada todas las actividades, eventos, redes financieras y personas vinculadas a este movimiento de ultra izquierda, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa, especialmente en España, donde se encuentra huido Mark Bray, profesor asistente de historia en la Universidad de Rutgers, autor de «Antifa: El manual antifascista», y uno de los ideólogos y defensores de la ultraizquierda estadounidense e internacional; en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, donde se han identificado grupos afines o dependientes de Antifa.
Desde la inteligencia estadounidense se ve con inquietud el auge de la violencia en las Universidades, por ejemplo, coincidiendo con la gira del periodista Vito Quiles para impartir conferencias, y algunos de cuyos actos han sido saboteados por este tipo de grupos radicales de izquierda.
El foco de atención está puesto especialmente en España, donde se tienen localizados grupos de ultra izquierda relacionados o afines con Antifa como el Tren de Aragua, Movimiento Antifascista, Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), el Anticapitalista y los Red & Anarchist Skin Heads (R.A.S.H., además de otros 28 grupos radicales, entre ellos Bases Antifascistas, Resaca Castellana, Black Block, Regüelta Cantabriega, GSK e Indar Gorri.
De hecho, estos grupos y otros podrían ser denominados organizaciones terroristas internacionales, un trámite aún no ejecutado. El pasado 8 de octubre, el presidente mantuvo una mesa redonda en la Casa Blanca, a la que asistieron altos funcionarios de la Administración, para tratar acerca de la violencia izquierdista perpetrada por Antifa. En ella, Trump encargó a Marco Rubio que se diera el paso adicional de designar a Antifa como una «Organización Terrorista Extranjera. Así lo solicitó también el senador por Missouri, Eric Schmitt, al secretario de Estado, Marco Rubio, en una carta el pasado 9 de octubre. El Departamento de Estado es el que puede realizar legalmente esta denominación como Foreign Terrorist Organizations (FTO), que es uno de los instrumentos legales más poderosos del arsenal antiterrorista estadounidense y conlleva amplias sanciones financieras, severas penas penales y extensas facultades de vigilancia.
El sistema FTO se diseñó expresamente para maximizar el poder del ejecutivo contra las amenazas terroristas internacionales. Fue creado por la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, y este marco legal otorga al gobierno facultades extraordinarias diseñadas para desmantelar las redes terroristas de forma rápida y exhaustiva. Una vez que una organización es designada como FTO, proporcionarle «apoyo material» se convierte en un delito federal punible con hasta 20 años de prisión, o cadena perpetua si el apoyo resulta en la muerte. La definición legal de «apoyo material» es intencionalmente amplia e incluye proporcionar: «divisas o instrumentos monetarios, servicios financieros, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, casas seguras, documentación falsa, equipos de comunicación, instalaciones, armas, personal y transporte». Sólo los medicamentos y los materiales religiosos están explícitamente exentos.
La amplitud de esta definición refleja la determinación del Congreso de eliminar toda forma de asistencia a las organizaciones designadas. La ley se aplica a ciudadanos estadounidenses independientemente del lugar donde se produzca la conducta prohibida, lo que otorga un alcance global a los procesos judiciales por terrorismo en Estados Unidos. La decisión del Tribunal Supremo en el caso Holder contra Humanitarian Law Project aclaró que incluso las declaraciones destinadas a promover la resolución pacífica de conflictos pueden constituir apoyo material si se brindan a una organización designada.

Las consecuencias financieras se activan automáticamente al momento de la designación. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos exige que todas las instituciones financieras estadounidenses congelen sus activos en un plazo de diez días hábiles e informen al gobierno sobre los fondos congelados. Esta interrupción financiera tiene como objetivo aislar de inmediato a las organizaciones designadas del sistema financiero global, impidiéndoles acceder a los recursos necesarios para sus operaciones.
El trabajo de inteligencia que se está desarrollando es importante y podría derivar en medidas como la prohibición de contactos financieros con las organizaciones o individuos bajo investigación, el bloqueo de transferencias económicas, el arresto de personas implicadas, sanciones a gobiernos o entidades que colaboren con ellos o permitan sus movimientos por activa o por pasiva (esto podría salpicar al gobierno de Pedro Sánchez) y medios e instituciones que den cobertura a esos grupos e individuos, denegación de visados y restricciones de viaje a EE. UU, congelación de activos financieros, procesamientos judiciales bajo leyes antiterroristas, etc.
Más allá del enjuiciamiento penal y las sanciones financieras, la designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) conlleva graves consecuencias migratorias para las personas afectadas. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cualquier persona que no sea ciudadana y que sea miembro o representante de una FTO designada es automáticamente inadmisible en Estados Unidos y está sujeta a un proceso de deportación. El Departamento de Estado puede revocar de inmediato los visados de cualquier extranjero considerado miembro, representante o simpatizante de la organización designada. Esta facultad se extiende a quienes hayan «apoyado o promovido actividades terroristas» o hayan brindado cualquier tipo de apoyo material, lo que crea una base excepcionalmente amplia para la revocación de visas y la deportación.
Además, la designación de Antifa y otros grupos similares como FTO también expondría a individuos y organizaciones a una gran responsabilidad civil en virtud de la Ley Antiterrorista (18 U.S.C. § 2333). La ATA autoriza a cualquier ciudadano estadounidense perjudicado “a causa de un acto de terrorismo internacional” cometido por una FTO designada a demandar por el triple de los daños, más los honorarios y costas de los abogados. La Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA), promulgada en 2016, amplió esta facultad para incluir la responsabilidad por complicidad contra “cualquier persona que ayude o instigue, proporcionando asistencia sustancial a sabiendas, o que conspire con” quienes cometen actos de terrorismo internacional. Esto genera una exposición no sólo para los presuntos miembros de Antifa, sino también para cualquiera que les haya brindado apoyo material, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, donantes y proveedores de servicios.
La designación de Antifa como FTO la integraría en la infraestructura de vigilancia más avanzada de Estados Unidos. Según la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), el gobierno puede realizar vigilancia electrónica de «agentes de potencias extranjeras», incluidos «grupos involucrados en terrorismo internacional». Una vez que Antifa y estos grupos de ultraizquierda sean designados como FTO, cualquier persona considerada «agente» de esta «potencia extranjera» será susceptible de vigilancia FISA, incluso los ciudadanos estadounidenses (aunque con criterios más estrictos), que no sólo incluye vigilancia electrónica y escuchas telefónicas, sino también monitoreo electrónico exhaustivo, registros físicos y recopilación de registros comerciales, entre otras acciones.
El impacto en las plataformas de redes sociales será inmediato. Las principales empresas, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, mantienen términos de servicio que prohíben el contenido de organizaciones terroristas designadas y estarían legalmente obligadas a cumplir cualquier requerimiento de información por parte de las agencias de inteligencia y el gobierno, ya que cualquier contenido que exprese apoyo a principios de ultra izquierda, comparta información logística para protestas o proporcione recursos a activistas podría convertirse en contenido terrorista prohibido y ser eliminado de inmediato. Los usuarios que publiquen dicho contenido también podrían enfrentar la suspensión permanente de sus cuentas.
El Foro Global de Internet para la Lucha contra el Terrorismo (GIFCT), integrado por YouTube, Twitter/X, Facebook, Microsoft y otras plataformas, mantiene bases de datos compartidas de «huellas digitales» de contenido terrorista conocido. Materiales de organizaciones de izquierda radical, grabaciones de protestas y comentarios políticos fanáticos podrían añadirse a estas bases de datos, creando sistemas automatizados de eliminación de contenido e identificación de usuarios en múltiples plataformas. Asimismo, nos permitiría crear perfiles de usuarios de extrema izquierda para identificarlos en función de su interacción con contenido radical, lo que nos proporcionaría una útil herramienta de vigilancia, prevención y control.
Asimismo, el proyecto de ley Stop ANTIFA Act ha sido presentado por los senadores estadounidenses Ashley Moody, republicana por Florida, Rick Scott, republicano de Florida, y Mike Lee, republicano de Utah, el cual ordenaría a la Fuerza Nacional Conjunta contra el Terrorismo investigar activamente a Antifa.
Es el mayor esfuerzo de una Administración estadounidense en décadas para combatir de forma activa los movimientos de ultraizquierda vinculados con actos de violencia y propaganda radical antiestadounidense.