La Administración Trump ha recabado toda la información posible acerca de las actividades del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos con el narcorégimen de Nicolas Maduro de Venezuela y el gobierno español de Pedro Sánchez. En los últimos meses ha habido muchas noticias en los medios sobre esta cuestión, algunas exageraciones interesadas y otras informaciones filtradas a la prensa desde diversas agencias de EE. UU como la DEA, la CIA, el FBI, y procedente de fuentes judiciales de los Distritos Sur de Nueva York y de Miami, así como de los tribunales españoles. Conviene aclarar la situación.
Los indicios inculpatorios sobre Zapatero son muchos, pero a fecha actual no hay ningún procedimiento judicial abierto en su contra ni consta ninguna acusación específica oficial registrada en tribunales federales estadounidenses o procesos abiertos; tampoco hay documentos judiciales públicos que puedan confirmar una orden de detención en curso, como se viene informando por algunos medios y periodistas, ni tampoco hay un caso oficial con su número de expediente y cargos concretos. En absoluto. ¿Implica esto que Zapatero está limpio de sospecha? No. De hecho, lo que sí hay y mucho son recopilaciones de información de distintas fuentes solventes, el planteamiento de posibles sanciones, filtraciones a la prensa y opciones que tiene la Administración Trump y el Departamento de Justicia en el caso de que se decida activar el mecanismo de acusación y sanción.
¿Qué frena a la Administración Trump para la imposición de medidas sancionadoras contra Zapatero? Sólo el hecho de que aún no es un caso oficialmente abierto y el impacto que conllevaría en las relaciones con España a nivel institucional poner a un ex presidente de un país aliado en el punto de mira de la Justicia o del poder ejecutivo. Tampoco se descarta usarlo como un activo de presión o negociación con el gobierno español.
De momento, toda la información inculpatoria, que es bastante, está siendo acumulada, analizada y preparada para una posible ofensiva política y judicial, pero por ahora sólo mediática y de forma simbólica para señalarlo como aliado del régimen venezolano. El caso de Zapatero se ha convertido en una herramienta para Trump, que podría utilizar o no dependiendo de muchos factores, entre ellos dar cumplimiento a lo que decidan los tribunales estadounidenses en su momento, si es que lo hacen, un punto al que aún no hemos llegado, o para conseguir otros objetivos relacionados con España. Algunas de las posibles medidas que se estudian aplicar llegado el caso serían imponer restricciones de entrada en Estados Unidos, inclusión en la lista SDN de Nacionales Especialmente Designadas (SDN) de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros perteneciente al Departamento del Tesoro), sanciones financieras, etc. La posible inclusión en esta lista de sanciones se basaría en la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) y en la Ley Global Magnitsky.
Lo que se puede confirmar es que la Administración Trump ha incluido a José Luis Rodríguez Zapatero en el grupo de «las cinco cabezas del régimen actual de Venezuela», por sus vínculos con el narcodictador Nicolás Maduro y a la vista de la información que se acumula sobre él sin parar cada día, en buena medida gracias a los detalles aportados por Hugo «el Pollo» Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen venezolano, quien ha arrojado luz sobre los ingresos, los operadores financieros y las supuestas relaciones del ex presidente español con la estructura del Cártel de los Soles. Junto a Zapatero están en la lista la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el propio presidente Nicolas Maduro.

Las recientes informaciones aportadas por «el Pollo» Carvajal, en el marco de su acuerdo de colaboración con la fiscalía de Nueva York para reducir condena, insinúan una posible participación de Zapatero en operaciones financieras con la petrolera estatal venezolana PDVSA y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en los que se investiga un presunto blanqueo de capitales relacionado con fondos venezolanos; dos asuntos que están siendo investigados por la justicia española. También el Departamento del Tesoro tiene constancia de las cuentas bancarias controladas directa o indirectamente por Zapatero en varios paraísos fiscales y países de bajas tributación.
Sin embargo, conviene dejar claro que actualmente, Zapatero no figura oficialmente en la mencionada Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, aunque es algo que la Administración Trump se plantea como una de las posibles sanciones futuras. Asimismo, las evidencias que apuntan hacia él, son suficientes para activar la Ley Global Magnitsky, que implicaría la congelación de activos y la prohibición de transacciones financieras internacionales.
El trabajo y las investigaciones de agencias federales como la DEA, la CIA y el FBI, o el citado Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, se centran en la recopilación de información y pruebas relativas al movimiento de fondos y activos entre cuentas bancarias en paraísos fiscales y la República Dominicana, así como acuerdos comerciales bajo sospecha. Buena parte de las nuevas pesquisas sobre Zapatero han surgido a raíz de los testimonios proporcionados por el citado Hugo «El Pollo» Carvajal, quien habría señalado a Zapatero por su presunta colaboración en esquemas de blanqueo de capitales relacionados con el narcorégimen de Maduro, y muy recientemente por el intermediario español Víctor de Aldama y sus revelaciones acerca del papel del ex presidente socialista en las ayudas de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra; operación de la que habría cobrado 10 millones de euros en Panamá como comisión por facilitar ese rescate económico.
A pesar de la evidencia en su contra y de la cobertura mediática, a fecha actual, José Luis Rodríguez Zapatero no ha sido imputado formalmente en Estados Unidos. Una cuestión que podría cambiar en cualquier momento. Por ahora, está bajo supervisión estrecha y pendiente de posibles sanciones como retirada de visado y control de activos financieros y propiedades, así como vigilancia y prohibición de relaciones comerciales.
Con la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, que permite a EE. UU aplicar leyes extraterritoriales, la Administración Trump ha allanado el camino legal para investigar y sancionar a individuos extranjeros, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono, Miguel Ángel Moratinos, Raúl Morodo, y otros, que han ofrecido apoyo material o mantenido vínculos con el narcorégimen de Maduro. Por ahora, no hay cargos oficiales confirmados. Y ésa es una de las claves: por ahora, porque ya es una persona de interés para las autoridades estadounidenses, que es un paso previo a investigaciones más exhaustivas y posibles acusaciones legales. De lo que no hay duda es de que, de acuerdo a investigaciones policiales, de la Guardia Civil y judiciales, tanto en España como en EE. UU, Zapatero es un personaje clave en varias gestiones empresariales relacionadas con la órbita socialista, el narcorégimen venezolano de Maduro y algunas decisiones controvertidas del gobierno español de Pedro Sánchez, del cual ha obtenido cuantiosas sumas de dinero y diversos recursos. Además de Venezuela, la Administración Trump observa con atención sus actividades en el Gate Center, el Grupo de Puebla, y China. Un paquete completo que lo coloca en el centro de atención y seguimiento de la justicia, las agencias federales y la inteligencia estadounidense.