El tiempo pone a todos en su sitio, eso sí, con ayuda de Donald Trump. Los que montaron la farsa de la colusión con Rusia y los dos impeachments posteriores, no se van a ir de rositas. Trump ha presentado una demanda federal RICO en Miami, Florida, contra Hillary Clinton, James Comey, Andrew McCabe, Peter Strozk, Lisa Page, Christopher Steele, Fusion GPS, el Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, Jake Sullivan, el bufete de abogados Perkins Coie, los abogados demócratas Michael Sussman y Marc Elias, Charles Halliday Dolan, John Podesta, Robert E. Mook, y muchos otros, por el engaño de la colusión con Rusia orquestado por la campaña electoral de Hillary Clinton en 2016 para socavar primero la candidatura de Trump y descarrilar después su presidencia con mentiras.
El equipo legal de Trump que ha presentado la demanda está pidiendo 100 millones de dólares por daños y perjuicios. Es decir, tres veces más de lo que Trump ha debido asumir en gastos y pérdidas por este asunto, más de 24 millones de dólares.
Sin duda, se trata de una de las noticias jurídicas del año, que si hubiera una prensa justa y objetiva, estaría en portada en todas las televisiones y periódicos todos los días. Como hace mucho que los medios de comunicación progres dejaron de estar conectados con la realidad para ofrecer noticias manipuladas y falsas, no lo verán en esos informativos ni en la prensa de izquierdas.
Para conocer bien este asunto, lo mejor es hacer una secuencia temporal de los acontecimientos. Veamos los hechos ya comprobados y probados:
1º En el período previo a las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton y sus ayudantes orquestaron conjuntamente con el resto de los demandados y conspiraron para tejer una narrativa falsa sobre Donald J. Trump, asegurando que estaba en connivencia con una soberanía extranjera hostil (Rusia). Las acciones tomadas en apoyo de su esquema fueron: falsificación de pruebas, engaño a las fuerzas del orden público, filtración de información falsa a los medios de comunicados aliados del Partido Demócrata, y explotación del acceso a fuentes de datos altamente confidenciales. Todo ello es tan escandaloso, subversivo y grave que incluso los eventos del Watergate se quedan pequeños y palidecen en comparación.
2º. Bajo el pretexto de «investigación de la oposición», «análisis de datos» y otras estratagemas, los demandados trataron de influir en la confianza del público hacia Trump y trabajaron juntos con un solo propósito: vilipendiar y arrojar mucha mierda a Donald J. Trump. De hecho, la conspiración fue diseñada para paralizar la candidatura de Trump a la presidencia al fabricar un escándalo que podía utilizarse para desencadenar una investigación federal infundada y provocar un frenesí y escándalo mediático. Al no lograr sus propósitos, extendieron la farsa y la persecución durante toda la presidencia de Trump mediante dos impeachments sin ninguna base para seguir suministrando información falsa a los medios con los que desprestigiar al presidente.
3º. El esquema fue concebido, coordinado y llevado a cabo por funcionarios de alto nivel en la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata, incluida la «candidata», a la que intentaron proteger de su participación detrás de un muro de terceras personas. Para empezar, la campaña de Clinton y el DNC reclutaron a su bufete de abogados común, Perkins Coie, con profundos vínculos demócratas, con la esperanza de ocultar sus acciones bajo el velo del privilegio abogado-cliente. Perkins Coie fue el encargado de encabezar el plan para encontrar, o fabricar, pruebas de un vínculo inexistente entre Donald J. Trump y Rusia. Para ello, Perkins Coie puso en marcha operaciones paralelas: por un lado, el socio de Perkins Coie, Marc Elias, dirigió una operación para producir una falsa «investigación de la oposición» que afirmaba revelar vínculos ilícitos entre la campaña de Trump y agentes rusos; en un frente separado, el socio de Perkins Coie, Michael Sussmann, encabezó otra campaña para desarrollar pruebas engañosas de una falsa conexión de ‘canal trasero’ entre los servidores de correo electrónico en Trump Tower y un banco ruso, Alpha Bank.
4º. Marc Elias, en su misión de obtener una «investigación de la oposición» despectiva contra Trump, encargó a Fusion GPS, una empresa de investigación, y sus cofundadores, Peter Fritsch y Glenn Simpson, y les ordenó que sacaran a la luz pruebas, reales o falsas, de colusión entre Trump y Rusia. Fritsch y Simpson, a su vez, consiguieron la asistencia de Orbis Ltd. y su propietario, Christopher Steele, para producir una serie de informes falsos que pretendían contener pruebas de la supuesta colusión. Por supuesto, la colección de informes está ahora completamente desacreditada, y se conoce como «Steele Dossier” (el dossier Steele), que lanzó el engaño del Russiagate y estaba plagado de declaraciones erróneas, tergiversaciones y, sobre todo, mentiras descaradas. En verdad, el dossier Steele se basó en gran medida en la información proporcionada a Steele por su principal subfuente, Igor Danchenko, un chismoso alcohólico que había trabajado para la Institución Brookings, un grupo cercano al Partido Demócrata, quien posteriormente fue acusado de falsificar sus afirmaciones. Resultó que los rumores anti-Trump que le dio a Steele, a cambio de dinero en efectivo, eran rumores falsos que se transmitieron mientras bebían con sus amigos de la escuela secundaria y una antigua novia. Esos rumores ayudaron a respaldar una solicitud de vigilancia para el ex asesor de campaña de Trump, Carter Page. Aún más condenatorio, Danchenko tenía estrechos vínculos con el alto funcionario de la campaña de Clinton, Charles Halliday Dolan, Jr., quien a sabiendas proporcionó información falsa a Danchenko, quien se la transmitió a Steele, quien lo informó en el Steele Dossier y alimentó con entusiasmo los engaños tanto a los medios aliados como al FBI. Existía un acuerdo engañoso con un único propósito egoísta: desacreditar a Donald J. Trump y su campaña.
5º. Al mismo tiempo, Michael Sussmann, en su búsqueda de información dañina contra la campaña de Trump, recurrió a Neustar, Inc., una empresa de tecnología de la información y uno de sus principales ejecutivos, Rodney Joffe, un ferviente anti-Trumper a quien se le había prometido un puesto de alto rango en la Administración, para explotar su acceso a datos no públicos en busca de una conexión secreta de «canal trasero» entre Trump Tower y Alfa Bank. Cuando fue descubierto que no existía tal canal, los demandados recurrieron a medidas verdaderamente subversivas: piratear servidores en Trump Tower, el apartamento privado de Trump y, lo que es más alarmante, la Casa Blanca. Es decir, espiaron al candidato Trump y después al presidente Trump. Luego, los datos obtenidos de forma ilícita se manipularon convenientemente para crear una «inferencia» engañosa y se sometieron a la ley en un esfuerzo por implicar de forma falsa a Donald J. Trump y su campaña. Todos estos actos se llevaron a cabo en coordinación con la campaña de Clinton y el Partido Demócrata, a instancias de ciertos personajes “VIP” demócratas.
6º. Mientras su ataque en múltiples frentes estaba en marcha, los demandados se apoderaron de la oportunidad de difamar públicamente a Donald J. Trump instigando un frenesí y una campaña negativa mediática en toda regla. Por supuesto, la campaña de Clinton y el Partido Demócrata alimentaron repetidamente esta desinformación a los medios y promovieron de forma descarada sus falsas narrativas. Los medios progres participaron de la farsa sin ningún pudor y ni siquiera se han disculpado hasta la fecha. Lo cual nos indica lo sinvergüenzas y corruptos que son. Mientras tanto, Hillary Clinton, Jake Sullivan, Debbie Wasserman Schultz y otros, hicieron todo lo posible para propagar la difusión de esas afirmaciones falsas a través de comunicados de prensa, redes sociales y otras declaraciones públicas.
7º. Las consecuencias de las acciones de los demandados no se limitaron a la denigración pública de Trump, su campaña y su presidencia. El FBI, confiando en la pruebas fraudulentas de los acusados, iniciaron una investigación a gran escala y gastaron valiosos recursos de tiempo y dinero de los contribuyentes investigando la falsa acusación de que la campaña de Trump se había coludido con el gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Los efectos de esta investigación infundada se prolongaron y exacerbaron por la presencia de una pequeña facción de leales a Hillary Clinton y a los demócratas que estaban bien posicionados dentro del Departamento de Justicia, el FBI y otras instituciones federales (James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, Kevin Clinesmith y Bruce Ohr). Estos funcionarios gubernamentales estaban dispuestos a abusar de sus posiciones de confianza pública para promover la investigación infundada a nuevos niveles, incluida la obtención de una orden FISA extrajudicial e instigar el inicio de una investigación de supervisión encabezada por el fiscal especial Robert Mueller. Como resultado, Donald J. Trump y su campaña se vieron obligados a gastar decenas de millones de dólares en honorarios para defenderse de estos procedimientos artificiales e injustificados. La justicia finalmente prevaleció: después de una investigación de dos años, el fiscal especial Mueller exoneró a Donald J. Trump y su campaña con su hallazgo de que no había evidencia alguna de colusión con Rusia. Todo fue un montaje falso de los demócratas. Al igual que los argumentos que utilizaron para los dos impeachments. Todo falso.

8º. El alcance total de las irregularidades de los demandados ha sido constante y gradualmente expuesto por el fiscal especial John Durham, quien ha estado al frente de una investigación del Departamento de Justicia sobre los orígenes de la conspiración Trump-Rusia. Hasta la fecha, ya ha dictado cargos contra Sussmann y Danchenko, entre otros, por ofrecer declaraciones falsas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas acusaciones no sólo implican a muchos de los acusados nombrados en el documento de la demanda, sino también proporcionan una gran cantidad de información sobre el funcionamiento interno de los demandados y el tinglado conspirativo que montaron, y que se extiende a los dos impeachments. Basado en desarrollos recientes y la dirección general de la investigación de Durham, es seguro que se presentarán acusaciones adicionales.
9º. En resumen, los demandados, cegados por la ambición política y el odio patológico a Trump, orquestaron un acto malicioso de conspiración para difundir información evidentemente falsa y perjudicial sobre Donald J. Trump, su campaña y su presidencia, todo con la esperanza de destruir su vida, su carrera política y amañar las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Hillary Clinton. Cuando su táctica fracasó, y Donald J. Trump fue elegido, los esfuerzos de los demandados continuaron sin cesar, simplemente cambiando su enfoque para socavar su Administración presidencial y armar dos impeachments carentes de base. Peor aún, los demandados continúan extendiendo sus mentiras hasta el día de hoy, ya que publican descaradamente sus falsedades completamente desacreditadas en un esfuerzo para asegurarse de que no vuelva a ser elegido nunca más. Saben que Trump es el favorito de la gente y no lo soportan. Los medios aliados de los demócratas y otros ignorantes de medio pelo siguen colaborando en esa campaña de desprestigio que sólo los ha desprestigiado a ellos.
El engaño, la malicia y la traición perpetrada por los demandados ha causado un daño significativo al pueblo estadounidense y al demandante, Donald J. Trump, y deben rendir cuentas por sus actos atroces. La demanda es clara:
Daños y perjuicios
312. El demandante ha sido lesionado en su negocio y propiedad como consecuencia directa y próxima resultado de la violación de los demandados de 18 U.S.C. § 1962(c).

313. Como resultado directo y próximo de las acciones de los demandados, el demandante ha sufrido, y continúa sufriendo, daños significativos, incluidos, entre otros, daños reales, compensatorios, especiales, incidentales y contras daños equivalentes además de los costes de defensa y honorarios de abogados.

314. Entre otras cosas, el demandante se vio obligado a incurrir en gastos por un monto que será determinado en el juicio, pero que se sabe que supera los veinticuatro millones de dólares ($24,000,000) y continúa aumentando, en forma de costes de la defensa, honorarios legales y gastos relacionados incurridos en conexión con su esfuerzo por defenderse de las acciones de los demandados y las diversas investigaciones y/o diligencias de oficio derivadas de las mismas, además de la pérdida de futuras oportunidades comerciales para él, la Campaña Trump y Trump Organization LLC.

315. Todas estas lesiones se produjeron dentro y fueron el resultado de una conducta dentro de los Estados Unidos.

316. El demandante tiene derecho a recuperar, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos § 1964(c), daños triplicados en la cantidad que se determine mediante la oferta de pruebas en el momento del juicio. El demandante también tiene derecho a recuperar los honorarios de los abogados y los costes de este litigio, así como los daños y perjuicios derivados de la pérdida de beneficios y/o de oportunidades de negocio atribuibles a las actividades realizadas por los acusados cometidos en apoyo de la Empresa.

Por tanto, el Demandante, Donald J. Trump, solicita respetuosamente del Tribunal un Fallo a favor de Donald J. Trump y contra los demandados, Hillary Clinton, HFACC, Inc., el Comité Nacional Demócrata, Perkins Coie, LLP, Michael Sussmann y Marc Elias por daños, incluidos daños compensatorios y triples, costes, honorarios de abogados y remedios que el Tribunal considere justos y apropiados.

Alina Habba, la abogada de Trump que encabeza el equipo legal y ha presentado la demanda, sostiene que la mayor parte del material de apoyo en este caso: “ya está probado a través de muchas investigaciones”.
Al hilo de este tema, la Comisión Federal de Elecciones multó al Comité Nacional Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton de 2016 por mentir sobre la financiación del infame y desacreditado «expediente» ruso utilizado en un intento de difamación contra Donald Trump semanas antes de que sorprendiera al mundo con su victoria presidencial de 2016. La agencia electoral dijo que Clinton y el DNC violaron reglas estrictas sobre la descripción de los gastos de los pagos canalizados a la firma de investigación de la oposición Fusion GPS a través de su firma de abogados.
Los tesoreros del DNC y la campaña de Clinton pagaron un total de 1.024,407.97 dólares al bufete de abogados Perkins Coie por la información de Fusion GPS, y el partido y la campaña ocultaron el motivo, alegando que era para servicios legales, no para investigación de la oposición. En cambio, los 849.407.97 dólares del DNC y los 175.000 dólares de la campaña de Clinton cubrieron la investigación de la oposición de Fusion GPS sobre el expediente, la base para el llamado «engaño de Rusia» con el que persiguieron injustamente al presidente Trump.
El memorando decía que la campaña de Clinton y el DNC argumentaron que tenían razón al describir su pago como «asesoramiento y servicios legales» porque fue Perkins Coie quien contrató a Fusion GPS. Pero la agencia dijo que la ley es clara y fue violada. La FEC, en un memorando a la Fundación Coolidge Reagan, que presentó su queja hace más de tres años, dijo que multó al tesorero de Clinton con 8.000 dólares y al tesorero del DNC con 105.000 dólares. Este memorando se hará público en un mes.
Dan Backer, quien presentó la denuncia en nombre de la fundación, que se enfoca en la libertad de expresión y la Primera Enmienda, ha declarado recientemente que: “Esta podría ser la primera vez que Hillary Clinton, una de las políticas más evidentemente corruptas en la historia de Estados Unidos, en la que se le ha hecho legalmente responsable, y estoy orgulloso de haber obligado a la FEC a hacer su trabajo por una vez. La Coolidge Reagan Foundation demostró que con coraje y valor, los estadounidenses que se muestran íntegros pueden hacer frente a la maquinaria de Clinton y otras élites políticas corruptas”.
En el pasado, Clinton defendió el gasto de su campaña por la información y el trabajo de su abogado de campaña, Marc Elias, con Fusion GPS, que compiló el expediente y contrató al ex espía británico Christopher Steele para indagar más sobre Trump.
Aparte de la demanda de Trump, los republicanos siguen presionando para que se presenten cargos contra Hillary Clinton. Por ejemplo, Backer, del bufete de abogados Chalmers & Adams de Washington, tenía la esperanza de que se tomaran más medidas contra ella: “Hillary Clinton y sus compinches se involucraron deliberadamente en el mayor fraude político de la historia: destruyeron la fe de nuestra nación en el proceso electoral, y ya es hora de que rindan cuentas. Espero que esto sea sólo el comienzo”.
En este tema, como en muchos otros en los que Trump tenía y tiene razón, se cumple el dicho: quien ríe último, ríe mejor. Y de nuevo es Trump quien ríe último.