El presidente Trump ha firmado la orden ejecutiva Terminate Security Clearances (Terminar las autorizaciones de seguridad), que ordena la suspensión de las autorizaciones de seguridad y la evaluación de los contratos gubernamentales a algunos abogados por su participación en la instrumentalización del gobierno.
Esta importante orden establece que “los abogados y bufetes de abogados que participan en actividades perjudiciales para intereses estadounidenses críticos no deberían tener acceso a los secretos de nuestra nación, ni su conducta debería ser subsidiada por fondos o contratos de los contribuyentes federales”.
La Fiscal General, Pam Bondi, tomará de inmediato las medidas conforme a la legislación aplicable para suspender cualquier autorización de seguridad vigente que tengan las personas en Susman, en espera de que se revise si dichas autorizaciones son compatibles con el interés nacional. De entrada, se ordena a las agencias federales cancelar cualquier autorización de seguridad activa del ex director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), Chris Krebs, y se ordena la suspensión de las que tenían los empleados de SentinelOne y una revisión inmediata de interés nacional sobre la conducta de la agencia de ciberseguridad durante su mandato. La orden establece la suspensión de acceso a las personas afiliadas a entidades asociadas con Chris Krebs.
El memorando de Trump también ordena una evaluación exhaustiva de las actividades de CISA durante los últimos seis años, incluyendo una investigación sobre si el liderazgo de Krebs o las acciones de la agencia violaron las normas de conducta de los empleados federales o implicaron la difusión no autorizada de material clasificado.
Además, el presidente Trump ha firmado otro memorando para suspender las autorizaciones de seguridad de los empleados de Covington & Burling LLP involucrados en la instrumentalización del gobierno, a la espera de una revisión de sus funciones y responsabilidades en dicha instrumentalización. Esta medida inicia una revisión exhaustiva de todos los contratos federales con la firma para garantizar su alineamiento con los intereses del pueblo estadounidense.
Las autorizaciones de seguridad de Peter Koski y otros posibles miembros de Covington & Burling LLP que asistieron al ex fiscal especial Jack Smith serán suspendidas a la espera de una revisión de sus funciones y responsabilidades en la instrumentalización del proceso judicial. El gobierno federal revisará y rescindirá la contratación de Covington & Burling LLP por parte de Estados Unidos en la medida máxima permitida por la ley. Todos los contratos con Covington & Burling LLP se someterán a una evaluación detallada para garantizar que las decisiones de financiamiento de la agencia se alineen con los intereses de los ciudadanos estadounidenses y las prioridades de la Administración Trump, según se detalla en las directivas ejecutivas.
El presidente Trump se mantiene firme en su compromiso de restaurar la confianza en el gobierno, garantizando que los recursos y privilegios públicos no se exploten con fines políticos y se priorice a los ciudadanos sobre las acciones partidistas.
Estas medidas adoptadas por el presidente Tump son muy importantes y hay que ponerlas en el contexto adecuado porque las personas que poseen autorizaciones de seguridad emitidas por el gobierno tienen la responsabilidad de defender la imparcialidad y el interés nacional, no trabajar para lobbies u oscuros intereses partidistas, como ha sucedido bajo las Administraciones de Obama y Biden. Estos privilegios de acceso a información sensible no deben utilizarse para interferir en las elecciones estadounidenses ni para promover objetivos partidistas o la persecución de líderes políticos, sociales o religiosos.
Covington & Burling LLP proporcionó al ex fiscal especial Jack Smith 140.000 dólares en servicios legales gratuitos antes de su renuncia en el Departamento de Justicia. Jack Smith y su personal gastaron más de 50 millones de dólares de los contribuyentes para atacar al presidente Trump durante el régimen de Biden, un flagrante abuso de la autoridad judicial con fines políticos y parte del uso sin precedentes del poder judicial por parte de la Administración anterior para subvertir el proceso democrático.
El presidente Trump envía así un mensaje nítido de que el gobierno federal ya no tolerará el abuso de poder por parte de actores partidistas que explotan sus cargos para obtener rédito político y deberán rendir cuentas de lo que han hecho. Además, está reorientando las operaciones del gobierno hacia su misión principal: servir a los ciudadanos de Estados Unidos y sus intereses nacionales.

Mientras los medios de desinformación y manipulación en manos de grandes empresas controladas por fondos de inversión y subvenciones directas o indirectas, se centran en sobredimensionar noticias y atacar a Trump, el presidente estadounidense está adoptando acciones imprescindibles para resguardar la seguridad nacional y restablecer el estado de derecho al revocar las autorizaciones de seguridad de decenas de funcionarios de inteligencia que afirmaron de forma falsa en una carta de 2020, durante el apogeo de las elecciones presidenciales estadounidenses, que el ordenador portátil de Hunter Biden equivalía a desinformación rusa. Una mentira que los medios difundieron encantados, al igual que otras, sin desmentirlas jamás. Se suman a la revocación de las autorizaciones de seguridad y acceso a información clasificada a Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, y otros miembros del Partido Demócrata de alto rango, como el ex secretario de Estado Antony Blinken, la ex representante de Wyoming Liz Cheney, el ex representante de Illinois Adam Kinzinger y la fiscal general de Nueva York Letitia James, que han estado detrás de numerosas maniobras de instrumentalización judicial y puesto en riesgo información de seguridad nacional varias veces.
En el marco de esta ofensiva, el presidente Trump ha firmado también una orden ejecutiva que no sólo suspende las autorizaciones de seguridad del bufete de abogados Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, sino que también ordena a las agencias federales rescindir cualquier contrato gubernamental que involucre a la firma. Trump está revocando las autorizaciones de seguridad de todos estos abogados y otros funcionarios no sólo porque han estado involucrados en interferencia electoral, sino porque han sido piezas voluntarias de una operación de inteligencia contra él y el pueblo estadounidense, además de responsables de divulgación indebida de información gubernamental confidencial.
Donald Trump ha firmado también otra orden ejecutiva dirigida al bufete de abogados Jenner & Block, prohibiéndole obtener contratos gubernamentales para prevenir conflictos de intereses y salvaguardar la seguridad nacional. El argumento esgrimido, no sin razón, es que los bufetes que se oponen legalmente al gobierno no deben beneficiarse de acceso privilegiado a recursos federales. En esta orden se acusa a Jenner & Block de “incurrir en conductas perjudiciales para intereses estadounidenses cruciales” y de “abandonar los más altos ideales de la profesión”. Declara en concreto que el bufete utilizó sus iniciativas pro bono para socavar el gobierno y los intereses públicos. La orden también acusa al bufete de contratar a personas “deshonestas” que habían atacado a Trump en litigios anteriores y de participar en prácticas de contratación racialmente discriminatorias.
Esta acción sigue la estela de las órdenes anteriores contra las firmas Perkins Coie and Paul Weiss, que suspendieron las autorizaciones de seguridad de sus abogados y restringieron el acceso a instalaciones y contratos gubernamentales.
El presidente Trump está poniendo fin al uso del gobierno federal, el departamento de justicia y al abuso de las fuerzas del orden como armas contra oponentes políticos, al impedir su acceso a secretos de estado. Es una de esas políticas que pasan desapercibidas, pero que es crucial en el mantenimiento de una democracia fuerte y sana. Trump ha puesto en la diana la necesidad vital de restaurar nuestro sistema de justicia. La firma de esta orden ejecutiva y memorandos demuestran que Donald Trump está comprometido con poner fin al uso del gobierno como arma y cree que quienes participan en dicha conducta no deberían tener acceso a los secretos de nuestra nación.
El presidente Trump está dejando claro que la lealtad a Estados Unidos debe estar por encima de las agendas personales o partidistas, y está tomando medidas decisivas contra aquellos que abusan de su influencia inmerecida para engañar a los ciudadanos estadounidenses.